Como publicó Hispanidad, el Estado de Washington, situado en la costa oeste y uno de los principales feudos del Partido Demócrata, promulgó la ley 5375 que obliga a los sacerdotes católicos a vulnerar el secreto de confesión en los casos de abuso infantil que conozcan por razón del sacramento de la penitencia.
La ley establecía incluso multas y penas de hasta un año de cárcel a los sacerdotes católicos que se negaran a romper el secreto de confesión.
El pasado de 5 junio, los obispos católicos solicitaron al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, en Tacoma, que emitiera una orden para bloquear la aplicación de la ley, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 27 de julio.
Además, las principales Iglesias ortodoxas en Estados Unidos -la Iglesia Ortodoxa en América, la Archidiócesis Cristiana Antioquena, la Metrópolis Ortodoxa Rumana, la Diócesis Ortodoxa Rusa del Oeste (ROCOR) y un sacerdote ortodoxo- presentaban una demanda contra esta ley ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Washington
Posteriormente a la petición de los obispos estadounidenses, el presidente Donald Trump se posicionaba del lado de la libertad religiosa y el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) presentaba una demanda contra el estado de Washington. En un comunicado, el DOJ sostenía que la ley de Washington “viola el libre ejercicio de la religión de todos los católicos”. “El sigilo de confidencialidad es... el alma misma de la confesión. Sin él, el libre ejercicio de la religión católica, es decir, las funciones apostólicas que realiza el sacerdote en beneficio de los fieles, no puede llevarse a cabo”. "El Departamento de Justicia no se quedará de brazos cruzados cuando los estados ataquen el libre ejercicio de la religión”.
Pues bien: la noticia ahora es que el juez David Estudillo, del Tribunal de Distrito Oeste de Washington -un juez federal, según la información que recoge Infocatólica-, ha bloqueado temporalmente, como medida cautelar, la entrada en vigor de la citada ley.
El juez opina que «no cabe duda de que el proyecto de ley 5375 obstaculiza el libre ejercicio de la religión de los demandantes». El magistrado añadió que «el proyecto de ley 5375 modifica la legislación existente únicamente para convertir a los miembros del clero en denunciantes obligatorios en casos de abusos o negligencias infantiles», mientras que otras profesiones quedan expresamente exentas.
La Thomas More Society celebró la decisión en un comunicado remitido a los medios: «Esta medida cautelar es un primer paso significativo y alentador, y debería servir de advertencia a los legisladores estatales de todo el país que están considerando políticas similares que interfieren en el libre ejercicio de la fe».
Tras aplicar la medida cautelar, ahora el magistrado Estudillo proseguirá con el proceso de instrucción de esta causa.
