"El estado de derecho es la piedra angular de nuestras democracias. El Informe sobre el Estado de Derecho 2025 destaca los avances y los desafíos en los países de la UE en materia de justicia, lucha contra la corrupción y libertad de prensa. Juntos protegemos nuestros valores y nuestro futuro", así anuncia la publicación de su informe la Comisión Europea. 

Con lo buenos amigos y la gran sintonía que tenía Ursula y Pedro, y ahora la institución presidida por Von der Leyen alerta de cosas como el "alto riesgo de corrupción" en la contratación pública y la financiación de partidos. "La financiación de los partidos políticos persiste como área de alto riesgo y no se han dado pasos para reformar la legislación electoral en línea con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas".

El informe también realiza un repaso a los escándalos más graves de corrupción del último año, y se centra en el caso Koldo. La Comisión se hace eco de la investigación de un presunto caso de corrupción "vinculado a la pandemia de coronavirus por el que ha sido encausado un exministro y diputado". También recoge que la Fiscalía Europea ha informado de cuatro casos de corrupción en España.

Asimismo dedica parte de su evaluación a la reforma Bolaños, aunque no expone su posición: "Actualmente, hay acciones de protesta por parte de jueces y fiscales que reflejan tensiones en torno a las reformas propuestas en el poder judicial", indica el texto, que informa de la huelga para pedir la retirada del proyecto de reforma. 

Bruselas además insiste en la urgencia de reforzar la independencia del fiscal general y separar su mandato del Gobierno, aunque ven avances, el documento recoge que "algunos actores han expresado preocupación por la reforma al considerar que plantea riesgos para la independencia judicial por reforzar los poderes del fiscal general y rebajar las garantías profesionales de los fiscales". También se ha referido a los procedimientos judiciales en curso contra Álvaro García Ortiz.

En las veinte páginas dedicadas a nuestro país, avisa de que siguen pendientes medidas de calado en ámbitos como el judicial, la lucha contra la corrupción, la transparencia o medios de comunicación. Entre estas tareas pendientes, ha resaltado la reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

Recuerda el informe que el 40% de las empresas españolas aseguran que la corrupción no les ha permitido acceder a un contrato público, frente al 25% de la media europea: “Las principales causas de quejas y comunicaciones en materia de contratación pública son las presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato, seguidas de las presuntas prácticas corruptas, las quejas relacionadas con la ejecución del contrato y, finalmente, los problemas relacionados con el uso de la subcontratación”

La Comisión también señala una “falta de ambición” por parte de España en la lucha contra la corrupción y vuelve a criticar la “politización de la Justicia”. Por último, desde Bruselas recuerdan que la ley de protección al denunciante de 2023 obligaba al Gobierno a presentar una "amplia estrategia de previsión y lucha contra la corrupción" con fecha límite en septiembre de 2024. Sin embargo, ese trabajo está "aún por empezar".