Decíamos ayer que la extrema izquierda, y Pedro Sánchez, sabotearon la Vuelta Ciclista a España.

Pues bien, el asunto colea y ahora, antidisturbios denuncian que Interior usó en las protestas de Ferraz tácticas que no aplicó en el boicot a la Vuelta. Según fuentes consultadas por La Razón, no se adoptaron las medidas necesarias o, directamente, no se quiso afrontar el problema. Una de las técnicas que podría haber frenado a estos grupos es el llamado “embolsamiento”, habitual en el trabajo de la UIP. Este procedimiento consiste en separar a los radicales, identificarlos y aislarlos, lo que en muchas ocasiones frena sus planes ante el riesgo de terminar la noche en los calabozos. La técnica se emplea de forma constante en partidos de fútbol de alto riesgo y también en protestas como las que tuvieron lugar frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Recuerden, donde la policía de Marlaska golpeó y gaseó a ancianos y gente indefensa

Pues bien, volviendo al boicot a la Vuelta Ciclista en el que la Policía Nacional identificó el domingo en Madrid a nueve condenados por terrorismo de ETA que intentaban unirse a las protestas que acabaron suspendiendo la competición deportiva. Según El Mundo, los nueve se desplazaron expresamente desde el País Vasco con la intención de «reventar» el evento deportivo. Algunos de ellos habían estado en prisión por pertenecer a la kale borroka, causar desórdenes públicos o colaborar con la banda terrorista.

Por su parte, el Ministerio del Interior, con Fernando Grande-Marlaska, niega los hechos: «No se produjo ninguna identificación con estos perfiles», aseguran. Sin embargo, las fuentes consultadas por el citado diario remarcan lo contrario y subrayan el carácter «conflictivo y peligroso» de las personas identificadas.

Precisamente, JUPOL pidió la dimisión, tanto de Marlaska, como de Pedro Sánchez por poner en "grave riesgo" a los agentes de Intervención Policial: hubo "órdenes políticas".

 

Mientras, JUCIL (asociación mayoritaria de la Guardia Civil), critica duramente la gestión de la seguridad, calificando el dispositivo planificado para la etapa final en Madrid como "absolutamente insuficiente". La asociación asegura que los agentes intervinientes confirmaron la falta de medios y efectivos para controlar a los grupos radicales que se unieron a las protestas, lo que resultó en disturbios, enfrentamientos y la suspensión del evento. "Las instrucciones y órdenes no se ajustaban a las necesidades operativas", indica la asociación mayoritaria de la Benemérita, que lamenta la falta de firmeza para contener a los grupos que incumplían las órdenes y se enfrentaban a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Ante la gravedad de los hechos, JUCIL ha solicitado al Ministerio del Interior un amplio abanico de datos para "valorar el ejercicio de posibles acciones". Entre la información requerida se encuentran:

  • Copias de los atestados e informes de incidentes de todas las etapas.
  • Detalle de identificaciones, denuncias penales y administrativas por desórdenes públicos, atentado a la autoridad o resistencia.
  • Información sobre el número de efectivos planificados, tanto al inicio como los refuerzos posteriores.
  • Dispositivo y órdenes específicas para la etapa final en Madrid.
  • El número de agentes heridos o lesionados durante las acciones.