Anabel cuenta su historia a Libre Mercado. Vive en Navarra y decidió invertir sus ahorros para comprar una segunda vivienda, y así garantizar ingresos para prejubilarse. Ahora tiene 62 años y no lo ha conseguido, es más, tiene dos trabajos para poder llegar a finde mes porque tiene okupas en esa segunda residencia que compró.  

"Alquilamos el piso para poder jubilarme antes y ahora mismo tengo que trabajar en dos sitios para poder llegar a fin de mes. Tengo que hacer frente a dos hipotecas, y ya no es que no pueda retirarme y estar con mi marido, es que no podemos ni pensar en vacaciones ni ayudar a nuestras hijas ni nada".

"Nos hemos dedicado a trabajar toda la vida, hemos contribuido a que este país salga adelante, y no hay derecho a que nuestros últimos años los pasemos así", dice Anabel, "Estamos en tratamiento psiquiátrico y de verdad que ya no podemos más".

Todo empieza a finales de 2018, cuando Anabel y su marido decidieron alquilar el piso a una pareja de inmigrantes: "Nadie les alquilaba y decidimos hacerlo nosotros". Al principio pagaban puntualmente, pero después de la pandemia, todo comenzó a torcerse: "Lógicamente, era un momento muy difícil para todos, así que les dimos cierta flexibilidad para que fueran pagando como buenamente pudieran", lo que hizo que los inquilinos dejaran de pagar, y así llevan cuatro años. 

Antes de recurrir a la justicia, Anabel y su marido les han dado todo tiepo de facilidades: perdonarles la deuda, buscarles otra vivienda más económica y pagares la fianza y el primer mes: "Es más fácil engancharse a la rueda de las ayudas y vivir de las rentas, y esto hay que cortarlo como sea". 

Viendo que los ocupas no se iban acudieron a la justicia, y en enero de 2023 se celebró el juicio, en mayo tendría que haberse producido el desahucio, pero al tener dos niños pequeños y estar, supuestamente, sin trabajo, alegaron vulnerabilidad y pararon el desalojo. Lo mismo sucedió en octubre y también en diciembre, esto se da a causa de que el Gobierno ha ido alargando la vigencia del decreto antidesahucios que impuso en la pandemia: "Como el Gobierno ha ido alargando el decreto antidesahucios, es imposible echarles y, mientras tanto, somos nosotros los que les mantenemos desde hace casi cuatro años". 

"Tenemos sospechas de que ganan dinero empadronando a gente en mi piso, pero todavía estamos intentando demostrarlo -explica la propietaria-. Lo que está claro es que si no trabajan es porque no quieren, porque aquí en Navarra es imposible que no encuentren algo. Es que no me lo creo, porque, al margen de otros trabajos más cualificados, aquí hay mucho temporero, se puede trabajar en conserveras… Hay trabajo. Y si no, siempre se puede cuidar a gente mayor o trabajar limpiando casas, pero claro, es mucho más fácil vivir así".

"Cuando llegamos a juicio nos debían 15.000 euros, porque no pagaban el alquiler, pero tampoco la luz ni la calefacción, y, aún así, les hicimos una quita de la deuda para que se fuesen: sólo tenían que pagarnos 6.000 euros y en cuotas de 50 euros al mes", pero no la aceptaron.

"Les llegué a ofrecer 4.000 euros para que pudieran pagar la fianza de otro piso y el primer mes, pero tampoco quisieron. Es más, yo misma me dediqué a buscarles una vivienda, pero nada. Una no la quisieron porque era un tercero sin ascensor. Otra, porque sólo tenía dos habitaciones y decían que era muy pequeña".

"Esta situación la ha generado el Gobierno. Han hecho una ley social para ayudar a ciertas personas, pero, en realidad el peso de la ayuda recae sobre los particulares que tenemos un piso". "Es necesario cambiar esta ley que solo perjudica a quienes contribuimos para sacar adelante este país. Mi marido ha cotizado 48 años, tiene 80, y no hay derecho a que el final de su vida sea este".