El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha propuesto incentivar el retraso en la edad de jubilación con un pago de hasta 12.000 euros o un aumento del 4 % en la pensión por cada año de demora. Una forma de acercar la edad de jubilación media, en torno a los 64 años y medio en España, a los 66 años que está fijado como el legal en la actualidad.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está decidida a «reducir el diferencial» que, afirma, existe en términos de recaudación entre España y la medida europea. Son los «siete u ocho» puntos de Producto Interior Bruto (PIB) que ha señalado en numerosas ocasiones, y que en términos absolutos requeriría un muy notable incremento de hasta 90.000 millones de euros en impuestos.

Y más de 2.500 jueces han dirigido un escrito ante la Comisión Europea en el que solicitan que si el Gobierno continúa desatendiendo las recomendaciones de la Unión Europea (UE) se inicie un procedimiento para constatar "el riesgo claro de violación grave del Estado de derecho" en España ante las últimas reformas legislativas que a su juicio afectan a la independencia judicial.