Dos modelos de gestión, el español de Sánchez que penaliza al propietario hasta el extremo y defiende al vulnerable hasta negar la existencia de las okupaciones, y el del presidente de Argentina, Javier Milei.

Así lo ha anunciado la Casa Rosada: "Cuidar la propiedad es cuidar a los inquilinos, los únicos que pueden estar en desacuerdo con algo así, son delincuentes", "Necesitamos hacernos cargo del flagelo nacional que son los okupas".

El argumento es claro: si hay riesgo de okupas, de que los delincuentes se apropien porque sí de una propiedad, dicho riesgo conlleva que suban los alquileres en todo el país.  

Por tanto, el proyecto propone una vía sumarísima para los procesos judiciales, con el objetivo de que la Justicia restituya los inmuebles a sus propietarios en un plazo máximo de 5 días. Esta iniciativa pretende eliminar lo que el Ejecutivo denomina “inseguridad jurídica” en el mercado inmobiliario.