Durante toda la presidencia de Joe Biden y la vicepresidencia de KamalaHarris, contamos en Hispanidad, las medidas liberticidas adoptadas por los demócratas tanto a nivel federal como estatal en relación con la pandemia del COVID-19 que se tradujeron en los mandatos de vacunación obligatoria que aplicaron no sólo para empleados públicos y militares, sino también incluso en el ámbito privado, que supusieron que miles de personas perdieran sus puestos de trabajo por negarse a acatar tales medidas contrarias a la libertad.
Si bien tales medidas se toparon con una fuerte contestación social y de la oposición republicana, y sufrieron duros reveses judiciales, llegando el Tribunal Supremo de Estados Unidos a bloquear el mandato de vacunación obligatoria adoptada por el presidente Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, DonaldTrump, ha cumplido en sus primeros días una promesa de campaña y ha anunciado que firmará una orden ejecutiva para reintegrar a los miembros del Ejército de Estados Unidos expulsados del servicio por negarse a recibir la vacuna del COVID-19.
Según anunció la Casa Blanca, “la Orden Ejecutiva ordena al Secretario de Defensa que reintegre a todos los miembros del ejército (activos y de reserva) que fueron dados de baja por rechazar la vacuna COVID y que soliciten ser reintegrados”.
Y no sólo eso, sino que además de ser restaurados en su rango, deberán recibir todos los salarios y beneficios de los que fueron injustamente privados.
Como se indica desde la Casa Blanca: “De 2021 a 2023, la Administración Biden y el exsecretario de Defensa Lloyd Austin expulsaron a más de 8.000 soldados únicamente debido a su estado de vacunación contra el COVID-19”. Como también se recuerda desde la Administración Trump, una vez derogado el mandato de vacunación en 2023, “sólo 43 de los más de 8.000 soldados despedidos eligieron regresar al servicio bajo la Administración Biden y el secretario Austin”.
Ahora toda esta situación cambia y serán de nuevo bienvenidos a las fuerzas armadas de las que nunca debieron ser expulsados. Durante su discurso de toma de posesión, Trump se comprometió a tomar la medida anunciando: “Esta semana reintegraré a todos los miembros del servicio que fueron expulsados injustamente de nuestro ejército por oponerse al mandato de la vacuna COVID, con el pago retroactivo completo”.
Una noticia que supone un gran espaldarazo para los militares injustamente represaliados durante la Administración de Joe Biden y Kamala Harris.
Y no acaban ahí las buenas noticias para los defensores de la libertad, el presidente Trump ha promulgado la Ley Laken Riley. Dicha normativa ordena al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detener a inmigrantes ilegales con antecedentes criminales tales como arrestos o acusaciones de delitos relacionados con robo o agresiones a las fuerzas del orden.
El nombre de la ley honra a una estudiante de enfermería que fue asesinada mientras hacía deporte en el campus de la Universidad de Georgia por un inmigrante ilegal con antecedentes.
La madre de Riley, Allyson Phillips, expresó su gratitud al presidente por la aprobación de la ley afirmando: “También queremos agradecer al presidente Trump por las promesas que nos hizo. Dijo que aseguraría nuestras fronteras y que nunca se olvidaría de Laken. Y no lo ha hecho. Es un hombre de palabra”.
La medida ha sido impulsada por los republicanos, y si bien los demócratas se han opuesto mayoritariamente, ha reflejado un escenario de división en sus filas, dado que a la totalidad de los republicanos que votaron a favor en Congreso y Senado, se unieron 48 congresistas en la Cámara Baja y 12 senadores en la Cámara Alta de la formación demócrata. Incluso algunos demócratas como el senador por Pensilvania John Fetterman ha asegurado que “la ley Laken Riley es básicamente sentido común”.
Sin embargo, la gran mayoría de legisladores y senadores demócratas se han opuesto a la medida, reflejando la influencia que tiene el sector más radical de la izquierda en la formación progresista, y organizaciones izquierdistas como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles se han opuesto a la medida. Así, SarahMehta, asesora principal de la citada organización, ha afirmado que “este es un proyecto de ley extremista y reaccionario que autorizará la mayor expansión de la detención obligatoria que he visto en décadas”.