Begoña Gómez y Sánchez con directivas el 8M
Tal y como publicó ayer Hispanidad, el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, respondió a la defensa de Begoña Gómez -que le había pedido que aclarase por qué la sigue investigando tras la asunción por parte de la Fiscalía Europea de la causa en la parte relativa a los contratos adjudicados a sociedades del empresario Juan Carlos Barrabés, por la entidad pública Red.es- que lo sigue haciendo porque existen presuntos delitos cometidos por la mujer de Pedro Sánchez que no ha asumido la Fiscalía Europea.
Detallaba el juez Peinado que hay "dos bloques" de los que ha recibido “nuevos documentos aportados por los testigos” y que son distintos a los contratos públicos que ha asumido la Fiscalía Europea y en los que no están afectados fondos europeos. Por ejemplo, en lo que tiene relación con una posible intervención de Gómez en el rescate del Gobierno a Air Europa (615 millones), con cuyo holding (Globalia, su CEO era Javier Hidalgo) la esposa del presidente se relacionó económica y profesionalmente.
Por todo ello, el juez Peinado mantiene la citación para declarar como investigada a Begoña Gómez el próximo 5 de julio, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Sin embargo, y pese a las explicaciones del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el abogado de Gómez, el exministro del Interior Antonio Camacho, le ha espetado al juez que su providencia "para nada aclara un elemento esencial de todo procedimiento penal como es el conjunto de hechos que se imputan a la única persona que estaba sujeta a investigación". Y añade que esto "afecta gravemente los derechos que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), la Constitución y distintas normas europeas e internacionales atribuyen a mi representada".
El abogado explica que esa providencia del juez da a entender "que esté investigando aquellos bloques que la Audiencia Provincial de Madrid estimó que no reunían los elementos que permitieran en un Estado de Derecho abrir la investigación".
Y añade Camacho: "Es imposible saber qué es lo que el juzgado estima que es objeto de investigación en la presente causa. Máxime si tenemos en cuenta que esta citada a declarar en unos días sobre unos hechos que desconoce".
Recordemos también que la asunción por la Fiscalía Europea de la causa en lo concerniente a los hechos "relativos a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad publica Red.es a la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley" (lo de Barrabés) ha levantado las sospechas en el mundo judicial de que Pedro Sánchez trata de desactivar el caso contra su esposa.
De hecho, el fiscal de la Fiscalía Europea de servicio en España -Ignacio de Lucas- fue elegido por el Gobierno de Pedro Sánchez, la Fiscalía General del Estado de Álvaro García Ortiz y un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a mediados del año pasado...
Y el trasfondo de todo este asunto es la prepotencia del Gobierno de Pedro Sánchez y de su aparato institucional (el Sanchismo), tratando de que su esposa no sea juzgada, como si la mujer del presidente del Gobierno no pudiera ser investigada por los jueces, saltándose los más elementales principios de igualdad ante la ley de todos los españoles. Pero es que así se las gasta el autócrata Pedro Sánchez.
