La mayoría 'sanchista' o 'progresista' del TC, compuesta por seis magistrados, ha vuelto a enmendar la plana a una sentencia del Tribunal Supremo.
En este caso concreto, los seis magistrados 'progresistas' avalaron -en contra del criterio de los cuatro jueces independientes del TC, los considerados 'conservadores'- el nombramiento del fiscal Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores, que había sido anulado hasta en dos ocasiones por el Tribunal Supremo.
El nombramiento fue efectuado en su día por la entonces fiscal general del Estado Dolores Delgado. Pero el Supremo lo anuló porque consideró que la propuesta de Delgado no explicaba de forma clara y suficiente por qué Esteban era el candidato idóneo y que el cargo exigía estar especializado en menores, una experiencia que, a juicio del Supremo, Esteban no acreditaba, al contrario que otros candidatos para el mismo puesto.
Entonces, Eduardo Esteban recurrió al TC, cuyo mayoría 'progresista' ha fallado que el Supremo vulneró su derecho fundamental a acceder en igualdad a funciones públicas al convertir la especialización en menores en un requisito exclusivo sin respaldo legal claro. En su sentencia, el TC señala que "la anulación de las sentencias implica exclusivamente la restitución del recurrente de amparo en la condición de fiscal de sala, sin efectos sobre la plaza de fiscal de sala coordinador del área de menores que fue adjudicada en un concurso posterior a otro fiscal".
Lo cuatro magistrados discrepantes de este fallo destacan que «la sentencia del Tribunal Constitucional se coloca en un rol impropio de revisión de un razonable criterio interpretativo de la legalidad ordinaria por parte del Tribunal Supremo (..) El TC excede el canon de enjuiciamiento que le corresponde».
En definitiva, un nuevo caso en España en el que el TC se ha convertido en un tribunal de casación más al que acudir, por encima del Supremo, cuando la Constitución no le otorga esa función de máxima instancia judicial -que pertenece al Supremo- sino solo la de velar por los derechos constitucionales.
Lo hizo la mayoría sanchista del actual TC en el caso ERE, cuando anuló una condena del Supremo a los condenados por el mayor caso de corrupción de la historia de España.
En cualquier caso, la pregunta que cabe hacerse es: ¿van a seguir permitiendo los jueces del Supremo que el TC siga corrigiendo sus sentencias, cuando no le corresponden hacerlo?
En 2025, la sala de lo Penal del Supremo ya advirtió al TC de que sus jueces “no tienen carta blanca” y de que podrían ser investigados por un delito de prevaricación judicial si dictan resoluciones que resulten “patentemente arbitrarias o injustificadas”.
