En esas redes sociales que nuestra querida Fiscalía pretende censurar, he leído la siguiente descripción
El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha emitido hoy viernes una instrucción de «obligado cumplimiento» en la que ordena a los cuatro fiscales del 'procés' que informen al Tribunal Supremo a favor de aplicar la ley de amnistía en todos los delitos (incluida la malversación) y a todos los delincuentes del procés.
El juez instructor de la causa, Pablo Llarena, y la Sala Penal del Tribunal Supremo habían preguntado a las partes si la amnistía es aplicable al procedimiento y con qué alcance.
Y ahora, el fiscal ordena a los cuatro fiscales que informen a favor de su aplicación.
Sin embargo, como se recordará, los cuatro fiscales del procés -Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno- se oponen a aplicar la ley de amnistía para el delito de malversación, que afecta a Carles Puigdemont, entre otros como el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras; y los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Toni Comín y Lluís Puig.
Y están dispuestos a llevar este desacuerdo con García Ortiz a una Junta de Fiscales de Sala -una junta de carácter consultivo-, invocando el artículo 27 del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. No obstante, tras esa reunión la última palabra la volvería a tener García Ortiz, que sería quien se la trasladase al juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que había dado cinco días al ministerio fiscal para pronunciarse.
Los cuatro fiscales del procés también se han mostrado dispuestos a no obedecer a García Ortiz y a no firmar lo que les quiere imponer su jefe sino que tendrá que hacerlo el propio García Ortiz u otro fiscal que se pliegue a ello.
En cualquier caso, la última palabra sobre ello la tendrán los jueces del Supremo…
Así las cosas, choque de trenes dentro de la fiscalía, otra institución más a la que Pedro Sánchez ha conseguido dividir. Ya saben: Sánchez, todo lo que toca lo divide.
Y mientras, la magistrada Susana Polo, instructora del ‘caso Tsunami Democratic’ en el Tribunal Supremo, ha dictado una providencia por la que suspende temporalmente tanto la Orden de Investigación Europea (OEI), como la solicitud de asistencia judicial en materia penal remitida a Suiza, para citar en la causa al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y a Rubén Wagensberg, informa el CGPJ en nota de prensa.
La juez toma la decisión en atención a lo que acordó en la providencia del 11 de junio en la que dio 10 días a las partes personadas para que informasen sobre la entrada de vigor de la Ley de Amnistía.
La instructora suspende “temporalmente” tanto la solicitud de asistencia judicial en materia penal remitida a Suiza como la Orden de Investigación Europea. Lo único que no suspende es la notificación de las resoluciones dictadas en la presente causa a Puigdemont, que hasta la fecha no se ha personado.
En la providencia se señala además que se ha unido a la causa un escrito presentado por Rubén Wagensberg en el que solicita el sobreseimiento de la causa.
