Como viene recogiendo Hispanidad, el Gobierno vasco, compuesto por PNV y PSOE, está aplicando el régimen penitenciario de semilibertad (el tercer grado) a un montón de etarras, utilizando torticeramente el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. 

La consejera de Justicia que se está encargando de traicionar a las víctimas del terrorismo es María Jesús San José López, del PSOE-PSE. 

Hasta este momento, el Gobierno vasco ha concedido ya 122 las progresiones al tercer grado y 25 las flexibilizaciones de grado a etarras. 

Las dos últimas han sido las de Alberto López de la Calle 'Mobutu', y Juan Ramón Carasatorre (el asesino de Gregorio Ordóñez) en este último caso, pese a que la Audiencia Nacional había revocado la concesión del régimen de semilibertad al subrayar el carácter “extraordinario y excepcional” del artículo 100.2. El Gobierno vasco subsanó el defecto de forma que le había señalado la Audiencia Nacional para volver a concederle el tercer grado.

Pero la Audiencia Nacional ha vuelto a revocar la concesión de otro tercer grado a dos etarras: al exjefe del aparato militar de ETA Juan Antonio Olarra Guridi; y a Óscar Celarain, autor del atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante) en agosto de 2002, por el que asesinó a dos personas, una de ellas una niña de 6 años. 

El titular de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de Instancia, José Luis Castro, considera que en este momento no se dan los requisitos legales para la concesión de tales medidas, señala la nota de prensa del CGPJ.

En el caso de Juan Antonio Olarra Guridi, el magistrado indica que está condenado a penas que acumuladas suman 30 años de prisión y que, aunque se observa una evolución positiva del penado, el licenciamiento se prevé en 2036. En línea con el fiscal, el juez explica que los procesos de desvinculación y reinserción cuando concurren pluralidad de víctimas, violencia extrema y alta lesividad requieren tiempos prolongados de verificación, puesto que debe acreditarse una trayectoria sostenida en el tiempo. El auto hace constar la evolución positiva del preso, pero concluye que no cabe acceder al tercer grado acordado por la Viceconsejería de Justicia del Gobierno Vasco “ya que debe constatarse la consolidación de factores positivos existentes en el periodo del 100.2 RP, especialmente a través de las salidas al exterior (permisos) que permitan afianzar el pronóstico individualizado de reinserción”.

Respecto a Óscar Celarain, el juez acoge íntegramente la posición del Ministerio Público, que se opuso argumentando que en su caso todavía no se ha avalado judicialmente la aplicación del artículo 100.2 y que, por tanto, no ha habido tiempo de consolidar su eficacia tratamental, por lo que “la progresión de grado es prematura y precipitada”.

En cualquier caso, insistimos, la política de excarcelación de presos de ETA y la aplicación de beneficios penitenciarios se debe al pacto entre Pedro Sánchez y EH Bildu -coalición en la que se integran los herederos de Batasuna, brazo político de ETA y que nunca ha condenado los asesinatos de la banda terrorista- para beneficiarse mutuamente: Sánchez, para ser investido presidente con los votos de EH Bildu; y el partido heredero de Batasuna, para sacar poco a poco a todos sus etarras de la cárcel. Pacto al que Sánchez llegó después de haber asegurado a los españoles: "Con Bildu no vamos a pactar".