En Moncloa se han encendido todas las alarmas. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha emitido un informe (300 páginas) en el que analiza los contratos adjudicados por la empresa pública Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés, por 8,4 millones de euros.
Lo que tiene atemorizado al Gobierno es que la IGAE, que depende de Marisu, ha actuado por encargo de la Fiscalía Europea (EPPO), con sede en Luxemburgo, organismo que Pedro Sánchez no controla y que investiga si esos contratos afectaron a fondos europeos.
De entrada, lo que ha observado la IGAE es que en el proceso de contratación hubo una “gran opacidad” y que la valoración de los criterios no evaluables mediante fórmula fue realizada por la mesa de contratación de Red.es, cuando debería haber sido un comité de expertos independiente. Así, según el perito, podríamos estar ante un “fraude de ley”.
Como les contamos en Hispanidad, en abril de 2024, la unión temporal de empresas (UTE) en la que estaba Barrabés presentó una carta firmada por Begoña Gómez en la que la esposa del presidente, no sólo apoyaba la propuesta de Barrabés, sino que incluso se comprometía a colaborar en la ejecución del contrato.
Todo esto huele muy mal y en Moncloa están muy preocupados porque quien está investigando es la Fiscalía Europea, por la posible afectación de fondos europeos. A Begoña se le complica su horizonte judicial... y a Sánchez, también.
