Ayer por la tarde se dio a conocer el acuerdo entre PP y Vox en Aragón por el que el partido de Santiago Abascal se hace con tres consejerías: una de Desregulación, Bienestar Social y Familia, otra de Medio Ambiente y Turismo y también la de Ganadería, Agricultura y Alimentación. Una de estas consejerías tendrá rango de vicepresidencia primera.
El acuerdo, muy similar al extremeño, también establece el principio de "prioridad nacional" en el acceso a los servicios públicos.
Sin embargo, el PP -en una de sus habituales contradicciones- votó ayer en contra de un moción de Vox para reconocer la "prioridad nacional" en el acceso a los servicios públicos a nivel nacional. El PP lo hizo escudándose en una 'quisicosa': que ha de priorizar la asignación de los recursos públicos a quienes mantienen un "arraigo real, duradero y verificable con el territorio", es decir, distinto a que dependa de la nacionalidad y el lugar de nacimiento, como defienden desde el partido de Abascal.
En cualquier caso, en el acuerdo en Aragón, al igual que en el de Extremadura, no se habla de la defensa de la vida (contra el aborto o la eutanasia) ni de combatir la ideología de género en los colegios difundida por los colectivos LGTBI, ni de la defensa de la libertad educativa de los padres mediante el cheque escolar.
Es decir, que Hispanidad insiste en las incongruencias de Vox en cuestiones esenciales desde el punto de vista de los principios no negociables para una acción política basada en el humanismo cristiano, establecidos por el Papa Benedicto XV -respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural; la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer; la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas-.
