Si yo fuera Felipe VI, o Feijoo, o Abascal, no perdería el tiempo diciendo que «hay que estar con Ceuta». La expresión, repetida hasta la saciedad, se ha convertido en una perogrullada vacía. Con Ceuta no hay que «estar» como quien está con la Selección Española de Fútbol cuando juega una final. No basta con colocarse una bandera sobre los hombros, gritar unas consignas, participar en una manifestación y regresar a casa convencido de haber cumplido con la patria.

Con Ceuta no hay que «estar». A Ceuta hay que defenderla.

Y defenderla no consiste en convocar algarabías patrióticas, concentraciones, paseos multitudinarios o lo que podríamos llamar senderismo urbano con bandera española incluida. No tengo nada contra las banderas; al contrario, representan, recuerdan, unen. Pero una bandera sin voluntad política detrás puede terminar convertida en simple escenografía. Y una manifestación sin decisiones concretas puede convertirse en una coartada para no hacer nada.

Mientras tanto, los españoles que viven en Ceuta no habitan dentro de una metáfora. Viven allí de verdad. Allí tienen sus casas, sus negocios, sus familias, sus hijos, sus padres, sus recuerdos y sus muertos. Y allí contemplan cómo su vida cotidiana puede ir degradándose poco a poco: primero se deja de salir a determinadas horas, después se cierra antes el comercio, más tarde una familia empieza a preguntarse si merece la pena seguir viviendo allí, otra piensa en trasladar a sus hijos a la Península, otra cierra el negocio y otra termina haciendo las maletas.

Ésa es la verdadera cuestión. No cuántas banderas se agitan en una plaza, sino cuántos españoles empiezan a pensar que no pueden seguir viviendo en Ceuta.

Porque una ciudad no tiene por qué ser conquistada mediante tanques, artillería o un ejército atravesando la frontera. También puede vaciarse. Puede erosionarse. Puede desmoralizarse. Puede conseguirse que quienes viven en ella lleguen a la conclusión de que allí ya no se puede vivir con normalidad.

Y cuando una familia se marcha, y después otra, y otra, y otra más, la geografía sigue siendo aparentemente la misma, pero la realidad humana comienza a cambiar. Aparecen viviendas vacías, comercios cerrados, barrios transformados y una población cada vez más distinta. Después llegan los expertos, las comisiones y los diplomáticos para hablar de la «nueva realidad». Esa expresión tan útil con la que suele describirse aquello que nadie quiso impedir cuando todavía podía impedirse.

Primero el deterioro. Después el miedo. Después la marcha. Después la ocupación. Después el hecho consumado. Y finalmente, quizá, la anexión presentada como inevitable.

Todo ello sin disparar un solo tiro.

Por eso la pregunta fundamental es muy sencilla: ¿cómo impedir que Ceuta se vacíe? No cómo organizar una manifestación. No cómo redactar un comunicado. No cómo convocar a los españoles a gritar durante dos horas. ¿Cómo garantizar que quienes viven allí puedan seguir viviendo allí?

¿Cómo garantizar que una mujer pueda volver a su casa sin miedo? ¿Cómo conseguir que un comerciante abra su negocio? ¿Cómo lograr que los niños acudan al colegio con normalidad? ¿Cómo garantizar que quien necesite atención sanitaria pueda recibirla? ¿Cómo proteger la vida, la libertad, la propiedad, el comercio y la seguridad cotidiana?

Para eso existe un Gobierno.

Un Gobierno no existe para hacernos felices. La felicidad no se decreta ni se entrega en una carpeta ministerial. El poder público no está para decidir cómo debemos vivir, qué debemos pensar o qué clase de felicidad nos conviene.

La misión esencial del Estado es mucho más modesta y mucho más importante: proteger la vida, proteger la libertad individual, proteger la propiedad, hacer que se respeten los contratos libremente acordados entre particulares, perseguir al delincuente, impedir que el fuerte despoje al débil, proteger al ciudadano frente al agresor y defenderlo también frente a amenazas procedentes del exterior.

Y, después, que cada uno busque su propia felicidad.

Ésa es la palabra: buscarla.

Ningún Gobierno puede proporcionarla. Su obligación consiste en crear las condiciones para que cada persona pueda perseguirla sin que un delincuente, una turba, un tirano, un invasor o el propio Estado le arrebaten la vida, la libertad o la propiedad.

Si un Gobierno no protege todo eso, si no garantiza el orden, si no protege las calles, las viviendas, los comercios, la frontera y a los ciudadanos, entonces cabe hacerse una pregunta que no tiene nada de retórica: ¿para qué demonios sirve ese Gobierno?

¿Para emitir comunicados? ¿Para celebrar ruedas de prensa? ¿Para repetir que todo está bajo control? ¿Para pedir serenidad, paciencia y comprensión?

Gobernar no es contemplar. Gobernar es decidir.

Y si la Policía recibe órdenes de no actuar cuando debería hacerlo, si quienes deberían impedir las agresiones se convierten en espectadores y si el Estado renuncia a ejercer su autoridad, entonces el problema deja de ser únicamente de seguridad y se convierte en un problema de soberanía.

Y aquí aparece la siguiente pregunta: ¿para qué existen las Fuerzas Armadas Españolas?

Nuestros soldados viajan por Europa, África, Oriente Próximo y mares lejanos. Cumplen compromisos internacionales, protegen aliados, patrullan, disuaden y vigilan. Muy bien. Pero antes de defender la casa del vecino convendría comprobar que la nuestra tiene puerta.

Si hacen falta soldados en Ceuta, que estén en Ceuta. Si hacen falta en Melilla, que estén en Melilla. Si hacen falta en Canarias, que estén en Canarias. Si hacen falta en nuestras costas, en nuestras aguas o en nuestras fronteras, que estén allí.

Las Fuerzas Armadas se llaman Fuerzas Armadas Españolas por alguna razón.

No estoy diciendo que España abandone todos sus compromisos internacionales. Estoy diciendo algo mucho más elemental: la primera obligación es defender España.

Y si nosotros no defendemos nuestras fronteras, nadie vendrá a defenderlas por nosotros. Podremos tener aliados, tratados, OTAN, Unión Europea, Naciones Unidas, consejos, cumbres, comisiones y fotografías de familia. Todo eso puede ser útil. Pero ninguna nación puede subcontratar indefinidamente su propia voluntad de sobrevivir.

Y mientras ocurre todo esto, llega el colmo de los colmos: el Gobierno socialcomunista nos recuerda una y otra vez que Marruecos es nuestro amigo, nuestro socio estratégico, nuestro colaborador imprescindible y un país al que debemos estar agradecidos.

¿Agradecidos?

Cada presión parece encontrar una reverencia. Cada exigencia, una concesión. Cada reclamación, un nuevo gesto de amistad. Más ayudas. Más acuerdos. Más dinero. Más ventajas. Más regalos. Más sonrisas. Más fotografías. Y hasta armas.

Todo bajo la esperanza de que algún día Marruecos se dará por satisfecho.

La próxima concesión será la última. El próximo regalo lo aplacará. La próxima sonrisa traerá respeto. La próxima cesión traerá tranquilidad. La próxima vez será distinto.

La próxima vez.

Y vuelta a empezar.

Presión. Concesión. Nueva presión. Nuevo regalo. Nueva reclamación. Nuevo acuerdo.

Hay una frase que todo el mundo atribuye a Einstein, aunque probablemente nunca la pronunció: repetir una y otra vez la misma conducta esperando obtener un resultado diferente constituye una forma bastante aproximada de locura.

Pues adelante. Otra concesión. Ahora sí. Ahora Marruecos se quedará satisfecho. Ahora sí nos respetará. Ahora dejará de pedir.

Seguro.

Hasta mañana.

Y todavía nos dicen que Marruecos es nuestro amigo.

Con amigos así no hacen falta enemigos.

Porque un amigo no reclama tu casa. Un amigo no cuestiona tus fronteras. Un amigo no utiliza la presión como método permanente de relación. Un amigo no obtiene una recompensa cada vez que aprieta.

Y aquí surge una sospecha.

Una conjetura.

Un pensamiento incómodo.

Piensa mal y acertarás.

No siempre, claro. Pero a veces conviene pensar mal antes de que sea demasiado tarde.

El Gobierno socialcomunista, apoyado parlamentariamente por separatistas y por fuerzas a las que una parte importante de la sociedad española considera herederas políticas del mundo de ETA, depende precisamente de quienes jamás han ocultado su voluntad de debilitar, fragmentar o romper la nación española.

Y entonces uno empieza a formularse preguntas.

Si una política beneficia una y otra vez los intereses estratégicos de Marruecos, ¿qué diferencia práctica existe entre una política torpe y una política que termina funcionando como si hubiera sido concebida para beneficiarlo?

Quizá mucha.

Quizá ninguna.

Pero la sospecha existe.

¿Se ha convertido este Gobierno, de facto, en el principal grupo de presión promarroquí dentro de España?

¿En el mejor lobby que Rabat podría desear?

¿En una quinta columna política de los intereses marroquíes?

No hace falta imaginar espías escondidos en los ministerios. Eso sería demasiado novelesco. Hay algo mucho más eficaz: que quienes gobiernan España lleguen a convencerse de que proteger los intereses de Marruecos es prudencia; que ceder es diplomacia; que callar es responsabilidad; que retroceder es cooperación y que defender firmemente lo propio equivale a provocar.

Ésa sería la quinta columna perfecta.

No necesitaría órdenes secretas. Bastaría con que creyera sinceramente que enfadar a Marruecos es más peligroso que perjudicar a España.

Y mientras tanto, los españoles de Ceuta que esperen, que aguanten, que sean prudentes, que comprendan y que tengan paciencia.

¿Hasta cuándo?

¿Hasta que se marchen?

Por eso vuelvo a Felipe VI, a Feijoo y a Abascal.

¿Cuál es el plan?

No quiero el discurso. No quiero la fotografía. No quiero el comunicado. No quiero la concentración. No quiero otro «estamos con Ceuta».

Quiero saber qué harían.

¿Qué medios desplegarían? ¿Qué órdenes darían? ¿Qué leyes aplicarían? ¿Qué acuerdos revisarían? ¿Qué concesiones cancelarían? ¿Qué política seguirían con Marruecos? ¿Qué harían para impedir que ningún español tenga que abandonar su casa por miedo?

Quien aspira a gobernar España no puede limitarse a denunciar que otros gobiernan mal. Eso puede hacerlo cualquiera desde la barra de un bar.

Feijoo y Abascal: si creen realmente que Ceuta y Melilla corren peligro, actúen como si lo creyeran.

Ahora.

No cuando lleguen a La Moncloa.

Ahora.

Utilicen el Parlamento. Utilicen los tribunales. Utilicen las leyes. Utilicen las instituciones europeas. Utilicen la diplomacia. Utilicen la opinión pública. Utilicen todos los mecanismos constitucionales a su alcance.

Pregunten. Exijan. Recurran. Denuncien. Presenten iniciativas. Presenten planes. Presenten plazos. Obliguen políticamente a que cada institución se retrate.

Que nadie pueda esconderse detrás de un atril.

Y finalmente llegamos al Rey.

Felipe VI.

Majestad: reine.

No gobierne. No le corresponde.

Pero reine.

Porque reinar tampoco puede significar únicamente inaugurar exposiciones, entregar premios, recibir embajadores, presidir cenas y leer discursos escritos con palabras cuidadosamente inofensivas.

Felipe VI es jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia y mando supremo de las Fuerzas Armadas.

Esas palabras no están en la Constitución como decoración.

Tienen que significar algo precisamente cuando la unidad, la permanencia, la soberanía o la integridad territorial pueden verse amenazadas.

Majestad: reine.

Pregunte. Advierta. Exija explicaciones. Reciba a quien tenga que recibir. Escuche a quien tenga que escuchar. Hable cuando tenga que hablar.

Haga valer, hasta el último milímetro, las atribuciones que el orden constitucional pone en sus manos.

No estoy pidiendo un rey gobernante.

Estoy pidiendo un Rey que reine.

No estoy pidiendo que sustituya al Gobierno.

Estoy pidiendo que ejerza la Jefatura del Estado.

No estoy pidiendo un golpe de autoridad.

Estoy pidiendo autoridad.

Autoridad institucional. Autoridad moral. Autoridad constitucional.

La suficiente para recordar públicamente que la soberanía española no se negocia bajo presión.

La suficiente para recordar que Ceuta es España, que Melilla es España y que la unidad territorial no es un detalle administrativo.

Y ustedes, Feijoo y Abascal, empújenlo.

Sí: empújenlo.

No fuera de la ley. Precisamente con la ley en la mano.

Con la Constitución, el Parlamento, los tribunales, las preguntas, las mociones, los recursos, las iniciativas, las peticiones formales y el control institucional.

Con todas las armas legales que proporciona un Estado de Derecho.

Obliguen políticamente a que el Rey reine.

Obliguen políticamente a que el Gobierno gobierne.

Obliguen políticamente a que las Fuerzas Armadas sean empleadas, cuando corresponda, para aquello para lo que existen.

Obliguen a que España se comporte como una nación que desea seguir existiendo.

Porque cada día que pasa sin una estrategia es un día regalado a quien sí la tenga.

Marruecos puede tener una.

Puede pensar a diez años, a veinte o a treinta.

Puede esperar.

Puede presionar.

Puede retroceder hoy para avanzar mañana.

¿Y España?

¿Tiene estrategia?

¿Tiene plan?

¿Tiene voluntad?

¿Felipe VI sabe qué hará si la crisis da un paso más?

¿Feijoo?

¿Abascal?

¿El Gobierno?

¿Las Cortes?

¿Alguien?

Porque si la respuesta sigue siendo prudencia, manifestaciones, banderas, solidaridad, amistad con Marruecos, más concesiones, más espera, más paciencia y más discursos, entonces dejemos de engañarnos.

Ya no estaremos hablando del riesgo de perder Ceuta.

Estaremos escribiendo, día a día, familia que se marcha tras familia que se marcha, negocio que cierra tras negocio que cierra, concesión tras concesión y silencio tras silencio, la crónica de una anexión anunciada.

Y cuando aparezcan los expertos explicándonos que nada podía hacerse, cuando los políticos digan que nadie pudo preverlo, cuando lleguen las comisiones de investigación, los discursos solemnes, los reproches históricos y los minutos de silencio, que nadie tenga la desvergüenza de decir:

«No lo vimos venir».

Porque se vio.

Porque se avisó.

Porque se preguntó.

Porque hubo tiempo.

Y porque quizá entonces haya que recordar aquel viejo grito de Móstoles:

«Españoles, la Patria está en peligro. Acudid a defenderla».

Pero entendiendo de una vez el verbo.

No acudir para pasear.

No acudir para hacerse una fotografía.

No acudir para agitar una bandera y regresar a casa.

Defender.

Defender con la ley, con los tribunales, con la Policía, con las instituciones, con la diplomacia, con la economía, con la política, con las Fuerzas Armadas cuando constitucionalmente corresponda, con la sociedad civil, con el voto, con la resistencia cívica y con la exigencia permanente de responsabilidades.

Sin turbas. Sin justicieros. Sin violencia particular.

Pero también sin cobardía.

Sin resignación.

Sin mirar hacia otro lado.

Porque la patria no se defiende gritando su nombre.

Se defiende protegiendo la vida, la libertad, la propiedad, los contratos, el comercio, la seguridad, las fronteras y el derecho de cada español a buscar, a su manera, su propia felicidad.

Así que, Felipe VI, Feijoo, Abascal: ahórrennos la próxima declaración de solidaridad. Ahórrennos el siguiente paseo. Ahórrennos la fotografía. Ahórrennos el inevitable «hay que estar con Ceuta».

Ceuta no necesita que estén con ella.

Necesita saber qué están dispuestos a hacer por ella.

Y si la respuesta es nada, si todo vuelve a reducirse a palabras, banderas, discursos, comunicados, prudencia, amistad estratégica y espera, entonces la última pregunta ya no será qué hará Marruecos.

Será ésta:

¿Qué estamos haciendo nosotros para impedir que consiga precisamente lo que quiere?

Y si no encontramos una respuesta, no podremos decir después que nadie nos avisó.

Porque quizá el mayor fracaso de una nación no consista siempre en que alguien venga y se la arrebate.

A veces basta con que quienes debían defenderla permanezcan mirando mientras se la llevan.