Los socios del Gobierno se han dado prisa para cobrar al presidente su apoyo del miércoles. Sánchez salió magullado pero vivo, y ahora tiene que hacer frente a la factura que, queramos o no, pagaremos los contribuyentes, naturalmente.
Bueno, todos no, porque uno de los acuerdos es la financiación singular de Cataluña, cupo catalán o como quieran llamarlo. El lunes se reunirán las partes -Gobierno y Generalitat, de igual a igual- para ir concretando.
Sin entrar en los pormenores, que además se desconocen, podemos asegurar sin temor a equivocarnos que el acuerdo, no sólo es insolidario, sino que además es peligroso por los antecedentes de mal pagador que tiene Cataluña, cuya deuda pública roza los 90.000 millones de euros, de los que 78.500 se los debe al Estado.
En resumen, la Generalitat tendrá la capacidad de gestionar todos los impuestos -de manera gradual, claro está, comenzando con el IRPF- y será luego cuando decida cuánto aporta al resto de España. ¿Quién lo decidirá y en qué se basará para determinar la cuantía?
No lo duden, saldrán expertos hasta de debajo de las piedras para insistir en las bondades del acuerdo y en que el sistema, no sólo es súper solidario, sino que es incluso beneficioso para el resto de CCAA. La Hacienda catalana podría recaudar más de 52.000 millones al año, que son los impuestos que se generan en la región. Nunca será suficiente.
