Sr. Director: A finales del mes pasado se debatió en el Congreso el proyecto de ley contra la sequía. Una organización sindical (CCOO) denuncia que ninguna de las medidas que tomará el Gobierno y las comunidades autónomas tiene en cuenta cómo afecta la escasez de agua al empleo asalariado agrícola por cuenta ajena. Más de ochocientos mil trabajadores y trabajadoras del campo, y medio millón de la industria alimentaria, sufrirán el impacto de la sequía. El sindicato acaba de elaborar un informe que recoge sus propuestas para amortiguar el recorte de puestos de trabajo. El panorama es desolador. Según la organización, solo en la campaña del olivar para la producción de aceite se perderán 1,5 millones de jornales por la escasez de agua. Si sumamos los cítricos, la uva, la fruta dulce y de hueso, la remolacha, la aceituna de mesa y los cultivos hortofrutícolas, se podrían perder unos 5,5 millones de jornales en todo el Estado en 2017. Lo único que aliviaría esta situación son las precipitaciones de otoño, que todavía no han caído y la actuación del Gobierno y de las comunidades autónomas que se olvidan, hasta la fecha, de los asalariados y asalariadas del campo por cuenta ajena. En términos económicos las pérdidas de jornales/día pueden llegar a los 350 millones de euros en España. CCOO de Industria exige al Gobierno y a las administraciones que realicen un estudio exhaustivo sobre las consecuencias que tiene en el empleo agrario la reducción de la producción y que se activen los mecanismos para atajar la pérdida de puestos de trabajo. Deben elaborarlo el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y los sindicatos más representativos. Parece oportuno exigir un aumento sustancial de los fondos del Acuerdo de Empleo de Protección Social Agraria (AEPSA) 2017 o, de forma alternativa, un plan extraordinario de empleo agrario y de zonas rurales deprimidas para este año. También reclama que las comunidades autónomas cofinancien este aumento de fondos y que las que retiraron su aportación (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia y Aragón) pongan en marcha un plan extraordinario. Propone, además, que se apliquen medidas excepcionales, similares a las que se establecen cuando se declara una zona catastrófica, para la adopción de EREs por la existencia de fuerza mayor en las empresas y explotaciones agrarias afectadas por pérdida de empleo a causa de la escasez de agua. El paquete de propuestas sindicales también incluye la bonificación de las cuotas de la Seguridad Social y de la de inactividad del Sistema Especial Agrario. Pretenden que se flexibilicen, con carácter excepcional, los requisitos para el acceso a las prestaciones sociales; que se ponga a cero el contador en el consumo de las prestaciones por desempleo o subsidios que se reconozcan y que se eliminen, o reduzcan, los requisitos para el acceso al subsidio o a la renta agraria. Jesús Domingo