Sr. Director:
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se reunía, a finales del pasado enero, con el nuevo nuncio del Vaticano, Bernardito Auza, a quien ha mostrado la mejor disposición del Gobierno a mantener una estrecha colaboración. También ha expresado su intención de participar en el foro educativo que el Papa ha organizado en mayo.
Hasta ahí, máxima normalidad. El problema es que esta declaración de intenciones coincide con el anuncio de que la Religión no será evaluable y carecerá de alternativa en la educación española, lo cual vulnera los Acuerdos con la Santa Sede. Llaman también la atención los comentarios de Calvo sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, asegurando que la Iglesia no paga los impuestos que debiera, cuando está sometida al mismo régimen fiscal que se aplica a otras organizaciones sin ánimo de lucro.
