Imaginemos que oímos el siguiente anuncio comercial: «Qué tranquilidad desde que contratamos con la empresa X para evitar que secuestren a nuestros hijos a la salida de casa»; o «...para evitar que me atraquen a la salida del banco»; o «...para evitar que no me roben el coche cuando lo aparco en mi garaje»; etcétera. Todo ello reflejaría que nos encontramos en una situación tan amenazante, que tendríamos que contratar a empresas privadas para que se nos garantizase el disfrute pacífico de nuestros derechos. O lo que es lo mismo, que viviríamos en un país con un Estado de Derecho fallido que no garantizaría a los ciudadanos el uso de todos sus derechos; lo que obviamente desembocaría en la enorme injusticia de que los únicos capacitados realmente para usar y disfrutar de sus derechos serían quienes pudieran permitirse tales gastos.
Pues bien, algo no muy diferente nos está sucediendo ya y lo vamos asimilando con preocupante aceptación. Se trata de la ocupación de inmuebles; y con el agravante de que es la propia ley la que ampara a los «okupas» debido a un supuesto acto de misericordia... con los bienes ajenos. Y para rematar la injusticia del asunto, quienes más padecen tan misericordiosa burla perfectamente regulada, son las sufridas clases medias: el sector social más machacado por los impuestos. Fascinante.
