Sr. Director:
Según el artículo 16.3 de la Constitución, "ninguna confesión tendrá carácter estatal" y los poderes públicos deberán desarrollar una cooperación positiva con la Iglesia católica y las demás confesiones.
Esa referencia específica a los católicos es consecuencia lógica no sólo de la historia, sino también de una realidad social, reiterada una vez y otra vez por las encuestas, acerca del carácter muy mayoritariamente católico de las creencias religiosas de los españoles.
En este marco, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa regula esta materia de forma muy satisfactoria, lo mismo que sucede con los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede vigentes, que el Gobierno amenaza periódicamente con revisar. La propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha vinculado la libertad religiosa con la personalidad y la dignidad humana, señalando que faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias convicciones y a mantenerlas frente a terceros.
Rodríguez Zapatero es especialista en buscar problemas donde no existen, aunque no siempre los errores o los problemas buscados son imputables a torpeza, sino -como es el caso- a la intención de buscar ventajas coyunturales y a que la gente no se ocupe del fracaso gubernamental en otros ámbitos.
Es aquello que vulgarmente decimos, dedicarse a "tirar pelotas fuera". ¿Por qué en estos casos se tiran contra la Iglesia?
José Morales Martín
jomomartin@gmail.com
