Aunque desde El País la presión es mucha, el Gobierno no tiene intención de plantear el debate sobre la muerte digna o la eutanasia. Sí ha regulado sin embargo el decreto que desarrolla la Ley de Autonomía del paciente de 2002. En concreto se trata del registro nacional de instrucciones previas. Un registro único que englobe a los 16 registros que ya se han creado en las CCAA regulando el testamento vital, principalmente a efecto de que el sistema de transplante funcione de manera coordinada y única como lo ha estado haciendo hasta ahora.
Preguntada la vicepresidenta explícitamente sobre si el decreto incluía alguna forma de regulación encubierta de la eutanasia, la vice lo niega. Es el momento en el que el nacionalismo periférico salta y pregunta si es posible que este decreto viole las competencias autonómicas. De la Vega lo niega, porque asegura ser compatible la existencia de registros autonómicos con uno estatal, a efectos de coordinación.
