Cuando un partido llega al poder algún miembro del mismo con experiencia en la Administración pública, suele ofrecer a sus compañeros novatos una serie de Consejo para moverse en el proceloso mundo del funcionariado. Uno de estos consejos consiste en que si quieres cobrar una factura no emplees los cauces ordinarios, sino acude directamente a Habilitación, un departamento que siempre debe ser tenido en cunea. Por Habilitación, seguramente tardarás la décima parte que por los canales normales (nunca mejor dicho, porque los canales normales son los que se atienen a la norma, y las normas son interminables en el sector público no son ni buenas ni malas: son interminables).
Pues bien, eso es exactamente el espíritu de la ley habilitante, aprobado por la Asamblea Nacional venezolana, que otorga al dictador Chávez 18 meses para gobernar por decreto, como si el país viviera en un Estado de Excepción. Es el comienzo de toda dictadura, tras su triunfo en las urnas: así lo han hecho todos los dictadores. Venezuela ha entrado, definitivamente, en la tiranía.
A partir de ahí, Emilio Botín, como ya hiciera en Bolivia, se ha puesto en venta su Banco de Venezuela, segunda entidad privada del país, aunque oficialmente afirma lo dijo le pasado jueves- estar tranquilo. Por su parte, la otra empresa española más comprometida en Venezuela, Repsol YPF, intenta hacer valer el reciente compromiso, dentro del programa 60/40 -es decir, 60% para el Estado venezolano y 40% para la empresa inversora-, pero no parece que el dictador se caracterice por su respeto ala seguridad jurídica. Recordemos que el anterior presidente del a petrolea, Alfonso Cortina, utilizaba a Fidel Castro para influir en Chávez. Lo que ocurre es que el intermediario está un tanto tocado.
