La Comisión Permanente del Consejo General del Poder judicial (CGPJ) resolvió favorablemente el pasado 19 de agosto la solicitud de la titular del Juzgado 1º de Instrucción nº 3 de Ceuta, Araceli Catalán Quintero, de una excedencia voluntaria para el cuidado de su hijo, computándose ese tiempo a efectos de antigüedad. Se da la circunstancia de que recientemente la juez había solicitado el traslado habiéndosele negado el pasado 22 de febrero por no haber permanecido el plazo mínimo requerido.
La historia no sería más que una anécdota si no fuera porque se trata de la huida española de las ciudades de Ceuta y Melilla. Los funcionarios ya no desean permanecer en unas ciudades alejadas de la Península, con serios problemas de seguridad e integración de la creciente población extranjera. También los comerciantes hacen las maletas, momento aprovechado por los ciudadanos marroquíes para hacerse con sus establecimientos. Son pequeños pasos para hacerse con las dos ciudades autónomas bajo el silencio y casi la connivencia del Gobierno Zapatero, que permite a los marroquíes conceder licencias de explotación en aguas territoriales españolas.
