Sr. Director:
Veamos las consecuencias de la siguiente situación ficticia que se antoja irreal a primera vista, pero que, sin embargo, se ha producido hace unos meses en otro ámbito distinto al ideado en primer lugar.
El ministro de Fomento saca de su despacho una orden según la cual el módulo de la vivienda de protección oficial (VPO) baja de precio de manera notoria, mientras que la vivienda libre se excluye de esa medida. A primera vista parece que esta resolución tiene una acogida muy popular, una bajada de precios en la vivienda es un gran logro social, en unos momentos muy difíciles para poder adquirir una vivienda por su elevado coste.
Constructores, promotores y oficinas inmobiliarias reciben la orden ministerial de manera aparatosa y precipitada. Donde la actividad resulta ser frenética es en las oficinas inmobiliarias, ya que deben cambiar las promociones de VPO de la primera línea. La bajada de precios es tan drástica que han tenido que devolver todo los contratos y planes relativos a este tipo de viviendas a las constructores, además de asumir las pérdidas y costes resignadamente.
Parece ser que el sentido común nos indica que una medida de estas características sería algo más que contraproducente. Además de agravar el precio del ladrillo -puesto que la vivienda a precio libre seguiría escalando precios de manera espectacular al ser muy rentable su promoción-, también se observaría cómo la protegida desaparecería por su escaso interés comercial. De esta manera, parece obvio que una bajada de precios, se ha transformado en una ola especulativa que produce un efecto contrario al deseado. Al mismo tiempo, se acabaría con un derecho contemplado en la propia Constitución, como es el acceso a la vivienda, al impedir los altos precios obtener una vivienda en condiciones.
Pues bien, si pasamos del ladrillo a las medicinas, la situación que se vive estos días en el mundo de la sanidad es idéntico. La orden de precios de referencia supone un "tiro en la nuca" a una de las medidas estructurales mas eficaces para contener el gasto farmacéutico, que ya alcanza la magnitud de una burbuja descomunal.
De momento, esta medida obedece exclusivamente a mostrar un cierto control del "subidón" de los medicamentos de cara a una proceso electoral inmediato. Colocar en una posición tan claramente ineficaz, e incluso diríamos que demagógica, a un problema como es el gasto farmacéutico, nos tiene que hacer pensar a todos los sectores implicados: ¿cómo es posible que sea totalmente rechazable, e incluso impensable, en otros ámbitos, como el citado en el símil anterior, una serie de medidas tan burdas, mientras que el ámbito de la farmacia se asuma sin más consecuencias?
A partir de este planteamiento las miradas se deben de dirigir a ciertos representantes farmacéuticos. Admitir y dar por coherente una situación como esta que resulta a todas luces inapropiada, además de ineficaz, es cuando menos reprobable.
La explicación de este tipo de conducta, quizás tenga que ver con la forma de actuar de una oficialidad acostumbrada a moverse como "el brazo tonto de la administración", en vez de ofrecer soluciones reales. La solución de un problema como el gasto farmacéutico no puede venir de la mano de quienes dicen actuar en representación de un colectivo, pero que a la hora de la verdad son un apéndice de otros poderes interesados.
En este escenario, la Plataforma en Defensa del Modelo Mediterráneo de Farmacia, con su presidente, el farmacéutico almeriense Juan José De Torres, se ha pronunciado de una manera clara y decidida al presentar un recurso de nulidad contra la orden de precios de referencia. La credibilidad es el valor más destacado a la hora de resolver esta problemática creada de manera interesada y debe ser tenido en cuenta como el mejor aval.
Alejandro Domínguez
ALDO12@terra.es
