Hasta el momento, las Comunidades Autónomas que poseen televisión pública son las siguientes (por cierto, las que poseen un segundo canal se encuentran en situación de alegalidad): Madrid, Cataluña, Euskadi, Galicia, Valencia, Andalucía y Castilla La-Mancha. Canarias tiene televisión pública sólo que la administra Polanco. Naturalmente, en todas ellas, la tendencia de esos canales de televisión coincide con la mayoría política que gobierna.
Pues bien, la mancha de aceite se extiende. Ahora mismo, los Gobiernos autónomos de Aragón, Baleares, Murcia, Asturias, Castilla y León, Navarra, Rioja, Cantabria y Extremadura planean su propio y carísimo juguete televisivo. Algunas tienen el proceso en fase de preinauguración, como es Aragón; otras, están en pleno acelerado proceso de diseño, como Murcia, Baleares y Asturias, y para algunas simplemente se trata de una discusión previa, como Cantabria o Rioja.
Todas ellas quieren tener su red de televisión (una verdadera locura para cualquier gestor con dos dedos de frente) antes de la digitalización, que podría llevar a tener cuatro o cinco canales por región.
Con el presupuesto público se pueden comprar espacios que tengan tirón. La pregunta es: ¿Quién va a ser el perjudicado de este verdadero bosque catódico? Pues, desde luego, no las televisiones de alcance nacional, sino la emergente televisión local, todas ellas de carácter privado.
