Ocurrió durante el pasado Concierto de Navidad, celebrado en el Auditorio Nacional de Madrid. Siemens España ofrecía un concierto, y su presidente, Eduardo Montes, se creyó obligado (algo absolutamente atípico) a pronunciar un pequeño discurso. A fin de cuentas, si pagaba Siemens, los invitados estaban obligados a escuchar. Un discurso no muy original, pero con una perla entreverada que hizo saltar del asiento a más de uno de los presentes. En un momento dado, el señor Montes soltó lo siguiente: "Quiero felicitar y agradecer a todos los prejubilados, porque su generosidad me he permitido cubrir los presupuestos".

Inefable.

Pues bien, al parecer, no sólo los prejubilados, sino el resto de la plantilla podría ser objeto de la gratitud presidencial. En efecto, Siemens España, probablemente la multinacional más mimada por la Administración española y por las grandes empresas (Telefónica, eléctricas, etc.), se plantea librarse de 1.000 trabajadores, lo que viene a suponer un 17% de la plantilla total. Una plantilla que se reparte en plantas de Madrid y Zaragoza. Por eso precisamente, el presidente aragonés Marcelino Iglesias (por cierto, acompañado de un séquito de 40 personas, que más que séquito parece batallón) viajará a Munich la semana próxima para intentar evitar, o al menos mitigar, los planes de Montes.

Pero hay más. Como decíamos, Siemens ha sido, probablemente, la empresa española más mimada por la Administración (trenes de alta velocidad, a pesar de los sobornos del caso AVE, con Felipe González), por las empresas eléctricas (turbinas de ciclo combinado, etc.) y por las de telefonía: se lleva la parte del león de los contratos para la red UMTS de Telefónica y AUNA.

Es más, en este caso, el asunto se convierte en tragicómico, porque parte de los trabajadores afectados proceden de la antigua Amper-Elasa, fabricante de terminales de Amper-Telefónica, absorbida por Siemens, en lo que más que una absorción hay que hablar de fumigación de la competencia.

Es igual, quizás porque Siemens Mobile patrocina al Real Madrid, un bien de Estado, al parecer, la multinacional alemana tiene bula en España. También para despedir.

Esto, en Francia, no habría pasado. Los franceses tienen claro que sus intereses económicos no se tocan, y que quien recibe contratos del erario público francés sobre las grandes compañías galas, se compromete con Francia. Se compromete, por ejemplo, a no echar gente cuando se obtienen beneficios en Francia.

La noticia de Siemens coincide con dos líneas informativas: la que anuncia que las grandes empresas, especialmente los grandes bancos, han cerrado en 2003 un ejercicio espléndido tras 3 años de crisis, pero, al mismo tiempo (otra vez las palabras de Alan Greenspan: "El capitalismo ha fracasado"), muchas grandes empresas (el último ejemplo, el de Kodak) anuncian fuertes despidos, que en el mencionado caso afectarán al 23% de su plantilla (15.000 personas a la calle).

Al final, los despidos masivos tienen poco que ver con la marcha de la cuenta de resultados. La razón está en la externalización del trabajo. El ideal de la multinacional actual consiste en quedarse con un Consejo, un equipo directivo y una marca, un logotipo. Eso no supone que el poder de las grandes corporaciones disminuya, pero sí supone que el trabajo se subcontrata, a ser posible en su totalidad. Además, una presión competitiva feroz, y sobre todo global, hace que el Tercer Mundo haya irrumpido en el mercado mundial con la oferta de salarios de miseria, que son los que buscan las multinacionales. Es decir, que las ganancias de eficiencia se deben, no a la mejora tecnológica ni al I D, sino a la explotación de los trabajadores.

La única forma de poner coto a esta situación consiste en una política fiscal, a ser posible unificada, en la que el Impuesto de Sociedades se ejecute por tramos, al igual que el IRPF. Cuanto más grande sea una empresa, más impuesto de sociedades debe pagar. Y, al mismo tiempo, un impuesto sobre los mercados financieros, que crean poco y especulan mucho.

Al final, en el siglo XXI, el tejido industrial no establece diferencias entre lo público y lo privado, sino entre lo grande (las multinacionales) y lo pequeño (pymes y autónomos). Y el Estado, eso sí, tampoco debe ser grande.

O eso, o la pérdida paulatina de empleo.