La ministra de Sanidad y Consumo había acudido al Senado con la intención de conseguir el espaldarazo de la Cámara Alta a su proyecto de ley de reproducción humana asistida. El PSOE había tocado el silbato para que no faltara nadie. Pero hete aquí que Sus Señorías entendieron que la disciplina de partido consistía en no perderse el que se jugaba entre Barcelona y Milán. Y el PP consiguió aprobar sus enmiendas para gozo de los populares e incomodidad de la ministra. Los senadores socialistas se quedaron tan tocados que ni siquiera se atrevieron a acercarse a Salgado que estaba más que compungida.

Pero ahora ya llegó su gran día. Con madruguidad se ha aprobado la Ley de Reproducción Humana Asistida a las 8 de la mañana de este jueves, tal y como estaba previsto. Desde el PP no tenían ninguna confianza ni en las posibles ausencias socialistas, ni en sus conciencias, ni en el eventual apoyo de los catalanistas. Y así ha sido.

Olvidan que el único progreso posible es ético y que la historia es pródiga en ejemplo de abusos de poder en nombre del progreso técnico, apunta el presidente de HazteOir, Ignacio Arsuaga, que además, recuerda que la Ley vulnera varios acuerdos internacionales firmados por España como la Carta de Derechos Fundamentales de la UE que impide las prácticas eugenésicas y reconoce el derecho a la vida de toda persona. La Ley también contraviene la resolución del parlamento europeo de 7 de diciembre de 2000 que considera la clonación terapéutica como contraria a la política aprobada por la Unión Europea, y el Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina del Congreso de Europa (Convenio de Oviedo) que prohíbe la creación de embriones con fines de experimentación, añade Arsuaga.

Por su parte, el Foro Español de la Familia también ha censurado esta ley por entender que el embrión deja de tener un tratamiento humano para convertirse en objeto de investigación. Se subordina la vida del embrión a meros intereses económicos, apunta el vicepresidente del FEF, Benigno Blanco en la misma línea de lo manifestado por la portavoz popular en el Congreso, Mercedes Roldós que acusó al Gobierno de legislar para los intereses de la industria, olvidando los derechos de las mujeres a la salud.