Presenta un conflicto positivo de competencia ante el Tribunal Constitucional
No, no ha sentado nada bien al Gobierno que la Generalitat valenciana paralice las obras de construcción de la desaladora de Torrevieja que garantizaría el suministro de 80 municipios de Murcia y Alicante. Se trata de una población que en verano alcanza los 2,4 millones de personas. Además, se pretende garantizar el abastecimiento de los regadíos del trasvase Tajo-Segura que utilizan 65.000 agricultores.
Así que el Gobierno ha decidido plantear un conflicto positivo de competencia por entender que se interfiere en las competencias exclusivas del Estado sobre obras públicas de interés general. "Toda vez que corresponde a éste la formulación de la declaración de impacto ambiental".
El Gobierno entiende que las alegaciones de la Generalitat "carecen de fundamento" ya que en la misma declaración –siempre según Administraciones públicas- se concluye que "el conjunto de las soluciones adoptadas no presentan impactos adversos significativos sobre el medio ambiente".
