En el Consejo de Ministros de este viernes se ha aprobado el anteproyecto de ley que regula el juego a través de las nuevas tecnologías. El anteproyecto contempla la creación de una Comisión Nacional del juego que evite fraude y el blanqueo de dinero. También debe garantizarse los 40.000 españoles que han pedido expresamente que se les permita jugar, puedan jugar, y por su puesto, que se impida el acceso a los menores de edad. Pero lo más interesante es que salvo Loterías del Estado y la ONCE, el resto de los operadores tendrán que pagar un nuevo impuesto. ¿Cuánto? ¿A quién recaudar? ¿Cuál es la base imponible? Sorprendentemente no hay respuesta a estas preguntas, salvo que pagaran los operadores y recaudan mayoritariamente las CCAA. ¿Por qué tanta indefinición? Porque el juego es una competencia autonómica y el Gobierno está pendiente del acuerdo en conferencia sectorial: que todas las CCAA se hubieran puesto de acuerdo en la regulación del juego online no parecía muy probable, reconoce Salgado. Complejidades de un Estado compuesto.
Andrés Velázquez
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