Sr. Director:
El gobierno italiano acaba de aprobar un proyecto de ley que regula las uniones de hecho y abre la puerta a un matrimonio blando, pues reconoce derechos muy similares a los del matrimonio, pero no sus deberes. La oposición asegura que el propósito del gobierno es el reconocimiento de las uniones homosexuales. El texto legal otorga de modo automático el derecho a la asistencia sanitaria o el permiso de residencia al conviviente –también del mismo sexo- mientras que requerirá tres años subrogarse en el alquiler de una vivienda -en caso de muerte del conviviente- y nueve para heredar. Para la pensión, una futura normativa revisará todo el sistema de pensiones.
Esta ley no responde a las necesidades de Italia, en los últimos lugares de Europa (junto con España) en las políticas de ayuda a la familia. Según los últimos datos estadísticos, las uniones de hecho representan el 3,9 por ciento del total de parejas. De ellas, más de la mitad corresponden a personas que cuenta con precedentes experiencias matrimoniales. Personalidades del campo político, jurídico y religioso llaman la atención sobre las consecuencias sociales negativas de la ley, que da relevancia jurídica a una situación de hecho. Les preocupa que ahora que buena parte de los problemas sociales surgen de una debilitación de la familia, esta ley dirá a los jóvenes que pueden elegir entre estos dos tipos de matrimonio, con lo que se facilita la opción más fácil y menos solidaria. También temen los abusos de su aplicación: comercialización de certificados o convivencias múltiples.
Clemente Ferrer Roselló
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