El fenómeno de las empresas de trabajo temporal va cubriendo todas las caras del mundo laboral. El Instituto Nacional de Estadística, según denuncian CSI-CSIF, UGT y CCOO, recurrirá también a las ETT para realizar sus encuestas y la recogida de datos, una tarea que hasta el momento realizaban empleados públicos.
Los sindicatos recuerdan el Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración, que prohíbe el uso de ETT. Además, se quejan de la precarización del empleo que supone una medida que calculan costará a los ciudadanos 4.370.000 de . Se adivina que para no incurrir en el despilfarro los recortes vendrán por el lado de los puestos públicos, quizás en forma de prejubilaciones.