La famosa Ley de Economía Sostenible (LES), un año largo de gestación, se ha convertido en una norma ómnibus, tan extensa como inane. Por ejemplo, ante el escándalo de las cada vez más altas retribuciones de consejeros y directivos de las grandes empresas en plena crisis y con los récord de paro, la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, prometió que se regularían los salarios de los consejeros y alta dirección de las empresas cotizadas.
Pues bien, el asunto ha quedado en la mitad de la mitad de entrad, nada se dice sobre los salarios de la alta dirección, probablemente más importantes que las de los consejeros. Por lo que respecta a estos, la norma (ver los artículos 27 y, sobre todo, 61 Bis) obliga, sí, a individualizar retribuciones -un avance, ciertamente- y a entregarlo a los accionistas. Ahora bien, los propietarios de la empresa podrán expresar su opinión. Claro que sí, total, para el caso que se les va hacer. Tras una retahíla de artículos que parecen expresar la dureza con los grandes consejeros, acerca de cuánto han cobrado en el año vencido y cuánto en el ejercicio en curso, la norma echa un jarro de agua fría al otorgar carácter consultivo a los propietarios del entramado.
En resumen, Salgado se ha rendido ante las grandes empresas y ha vuelto a lanzar una operación de mera imagen. Además, el carácter consultivo difícilmente podrá enmendarlo en los desarrollos pendientes de la ley. A saber: informe anual del Gobierno corporativo de las sociedades cotizadas, informe anual de Gobierno corporativo de las cajas de ahorro (aquí sí, máxima obligación de transparencia y decisión última del Banco de España), definición de consejeros independientes e informe de retribuciones de consejeros y alta Dirección.
A lo mejor en este último sí, a lo mejor se pueden ampliar las exigencias de transparencia en los salarios de los altos ejecutivos. Ojo, trasparencia, no aprobación, que eso ya parece perdido.
Eulogio López
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