Una recomendación de Bruselas del 30 de abril aconsejaba que los accionistas controlaran el salario de los directivos de las empresas. En este sentido parecía apuntar el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible cuando lo presentó el pasado viernes la vicepresidenta de Economía, Elena Salgado. No obstante, la ambigüedad de las primeras notas era patente: por un lado hablaban de un informe y por otro del sometimiento a la Junta como punto separado del orden del día.
Al parecer se trata más de una consulta que de la posibilidad de que los accionistas puedan echar atrás los salarios de consejeros o directivos si estos resultan excesivos. En lugar de dejar este control a la Junta de Accionistas, es el Banco de España el que determinará la remuneración de los directivos de las entidades de crédito. El supervisor determinará además la información mínima que tendrán que publicar las entidades en el capítulo de remuneraciones, que deberán de ser "coherentes con la promoción de una gestión del riesgo sólida efectiva", dice el texto debatido este miércoles en el Congreso.
