En un largo escrito en contestación a las quejas de los internautas manifestadas a través de la plataforma ciudadana HazteOir, el secretario general de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza, aclara su posición ante la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía. El P. De Castro recuerda que la FERE se opuso a EpC en el Consejo Escolar, aunque una vez que la LOE fue aprobada, trató de que los contenidos no tratarán de imponer una visión que no sólo contradice la moral cristiana, sino el sentimiento mayoritario de los españoles.
Lo más llamativo es que el secretario general de la FERE se muestra razonablemente satisfecho por que el gobierno aceptara las sugerencias de las Escuelas Católicas. Llamativo, porque un sucinto análisis del decreto de mínimos que desarrolla EpC choca frontalmente con lo que podríamos considerar moral católica.
Además, el P. De Castro muestra respeto por los padres que han anunciado que objetarán esta asignatura, aunque no lo comparte. Ofrece garantías de que en las Escuelas Católicas serán escrupulosos a la hora de elegir tanto los libros de texto como de seleccionar el profesorado. Claro que teniendo en cuenta que el resultado de los contenidos de EpC contemplados en el decreto de mínimos le parece "razonable", las garantías conviene tomarlas en cuarentena.
Y como traca final, el secretario general de la FERE considera que lo que sí es verdaderamente grave es que se haya colocado a un representante del ayuntamiento en el Consejo Escolar de los centros concertados. Una especie de comisario político. Esto último ya no lo dice el P. de Castro, que es mucho más fino. Y es que este tema es especialmente sensible para los religiosos de la enseñanza, porque fue lo que pactaron con Zapatero para desmarcarse de la manifestación ‘LOE no' y finalmente fueron los socios del gobierno quienes se la metieron con queso y la FERE se sintió traicionada. No es eso, no es eso. ¿Qué querías Uds?
Efectivamente, lo de los comisarios políticos de los alcaldes es grave. Aunque parece mucho más grave el hecho de que sus profesores sean contratados por el centros y pagados por la consejería, que el centro no tenga libertad plena para seleccionar a su profesorado, que los centros concertados tampoco gocen de libertad para seleccionar a sus alumnos y que –en definitiva- la libertad de los padres para escoger el modelo educativo que desean para sus hijos se encuentre más que mermada. Esto sí que es grave. Y curiosamente ni una palabra del P. de Castro, que parece amaestrado por el pesebre de un gobierno que mantiene domesticados a los centros concertados con un concierto que –por cierto- obliga a los curas y monjas a practicar todo tipo de creatividad contable. Lamentable.
