Según el Informe del Observatorio de la Realidad Social (septiembre 2012) elaborado por Cáritas, el endurecimiento de los requisitos es el hecho que más está afectando en el acceso a los servicios y prestaciones públicas por parte de las clases más desfavorecidas de la sociedad.
En muchas ocasiones Cáritas adelanta el dinero a los beneficiarios de ayudas económicas de los servicios sociales públicos para intentar reducir el impacto de la espera hasta que la ayuda económica es efectivamente recibida. Las trabas burocráticas que se imponen para retrasar el pago son requisitos como el tiempo mínimo de empadronamiento y/o residencia en el municipio. Puede variar desde uno hasta 3 años según el municipio, situación que afecta a los emigrantes. Otro requerimiento significativo de endurecimiento es el que se hace a estos sobre la documentación de bienes/propiedades o de separación/divorcio y la exigencia de que algunos documentos tengan que estar traducidos al castellano.
También señala el informe otras prácticas como descender el umbral de ingresos máximo para acceder a las ayudas o a la unidad familiar "sin ingresos", así como dificultar el que las personas solas puedan acceder a determinadas ayudas. Reseña también el informe los retrasos de tramitación para acceder a servicios o prestaciones públicas. Además se reduce o limita el tiempo durante el que se va a recibir la prestación y aparecen -y aumentan- tarifas para presentar solicitudes y obtener documentos.
Los retrasos en la resolución de las prestaciones económicas se constatan en el laxo tiempo para comprobar la documentación requerida -a menudo en varios plazos-, y en la propia burocratización del funcionamiento administrativo, cada vez más estricto.
Además, el tiempo para concertar una primera cita o entrevista inicial en los servicios sociales públicos es de 23,7 días de media. En los Servicios de Acogida y Asistencia de Cáritas este tiempo es de 4,9 días.
Sara Olivo
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