La Asociación para la Defensa del Inversor pide 164 años de cárcel para Emilio Botín y otros tres ex directivos del Banco Santander por el caso de las cesiones de crédito. Esta asociación es una de las dos acusaciones particulares (la otra es Iniciativa per Catalunya, IC) que llevan el caso de estos productos fiscalmente opacos.

 

El escrito de acusación es el último paso antes de la apertura de juicio oral. Tanto es así, que una vez catalogado, el caso saldrá de las manos de la juez Teresa Palacios, que lo ha llevado durante 13 años, y pasará a la sala correspondiente, responsable de juzgar a Emilio Botín y también al ex consejero delegado del Banco Santander, Rodrigo Echenique.

 

En paralelo, el diputado de IC, Joan Herrera, ha dirigido una pregunta a la mesa del Congreso de los Diputados, en la que insta al Gobierno a que se defina en el caso. En otras palabras, lo que quiere Herrera es que la Abogacía del Estado, presunto damnificado en las cesiones de crédito, cambie su actitud y vuelva a presentarse como parte acusadora. No olvidemos que IC es aliado de los socialistas en el gobierno tripartito catalán.

 

Mientras, en el SCH se continúa la misma tesis: Emilio Botín no dimitirá como presidente del primer grupo financiero del país, salvo que resulte condenado. Eso sí, hay que recordar que la catalogación de 38 delitos fiscales, más un delito continuado de falsedad en documento mercantil, no la realizó la juez Teresa Palacios sino una sala de la Audiencia Nacional.