Investigadores contratados por una empresa que se siente perjudicada están averiguando la fortuna personal de Julio González Soria, el tercer árbitro del laudo dictado sobre Kiss-FM, y cuya resolución condena a Onda Cero (ahora propiedad de Planeta, antes de Telefónica) a pagar 185 millones de euros a Blas Herrero para romper el contrato de publicidad entre Onda Cero y la cadena musical Kiss-FM. Para que se hagan una idea, ese sorprendente laudo ha puesto al borde de la quiebra a la cadena de emisoras Onda Cero, que cuenta con cerca de 1.000 trabajadores.
El tribunal que dictó el laudo estaba formado por tres jueces: Manuel Aragón, en nombre de Telefónica (cuando comenzó el conflicto, Onda Cero pertenecía a Telefónica, no a Planeta-Antena 3 TV), Tomás de la Cuadra, en nombre de Blas Herrero, y un tercero, que nombraba la Cámara de Comercio de Madrid, el mencionado Julio González Soria. Entre los tres, y entre ambos litigantes, había un principio de acuerdo días antes de que se hiciera público el fallo, y que cifraba en 80 millones de euros la indemnización a pagar al asturiano Blas Herrero. De repente, en la recta final, González Soria se descuelga con una elevación de la cantidad hasta los 185 millones de euros, lo que provoca el enfado de Manuel Aragón, que firma un voto particular.
Pues bien, los investigadores están haciendo una recopilación del patrimonio de González Soria, en el que se incluyen propiedades inmobiliarias y compras de objetos de arte en la casa de subastas Sotheby's. Se da la circunstancia de que González Soria es hombre ligado a la Cámara de Comercio de Madrid, presidida por Fernando Fernández-Tapias y en la que también tiene una gran influencia el presidente de la patronal madrileña, CEIM, Gerardo Díaz, conocido por nuestros lectores como socio de Gonzalo Pascual en Marsans y Spanair, y como actual propietario de Aerolíneas Argentinas.
La verdad es que lo que está en juego con el laudo de Kiss-FM es la confianza pública en el sistema arbitral, una de las vías parajudiciales capaces de solucionar contenciosos en el más breve plazo de tiempo posible. Ahora bien, laudos que abocan a la quiebra a algunas empresas, pueden acabar con el sistema.
