Tiene razón José Folgado cuando afirma que el impuesto sobre el patrimonio atenta contra el derecho a la propiedad (Expansión, jueves 23). España es el único país de Europa (con algunos ejemplos, como Francia, pero remitiendo de forma acelerada): gravar el patrimonio supone cobrarle a alguien por lo que ya se le cobró en su día, obligarle a repartir no lo que ha ganado, sino lo que posee. Lo de menos es que desincentive determinados sectores o que favorezca el traslado patrimonial a paraísos fiscales: lo de más es que es injusto, y esta es la clave de la política fiscal, y la que menos le interesa a la Hacienda Pública. El Fisco no funciona por categorías de justo o injusto, sino por la comodidad para recaudar. Y el impuesto sobre el patrimonio, al igual que otro impuesto sobre la propiedad, que no sobre las ganancias, como es el Impuesto sobre Actividades Económicas (que sí, que todavía existe), es el más sencillo de recaudar.
Es más, forzando el argumento, llegaríamos a la conclusión de que el Fisco no debe gravar por lo que se posee, sino por lo que se gana, y esto sólo como paso intermedio para otro aforismo más definitivo : a la gente no se le debe gravar por lo que gana, sino por lo que gasta, al menos en una sociedad moderna donde el ahorro se convierte automáticamente en inversión (o en consumo, que facilita la inversión).
El Gobierno Zapatero no es de izquierdas, sólo es progresista. Para capitalista, la política de Solbes, aún más obcecada que la de Rato con el déficit fiscal, la moderación salarial y el recorte de subvenciones públicas a la vivienda. Así que el vicepresidente económico se niega a suprimir el impuesto sobre el patrimonio.
Y a ese empecinamiento no es ajeno a los atentados contra el derecho a la propiedad, que no deja de ser un derecho básico de las personas. Por ejemplo, que los gobiernos vasco y catalán se permitan el lujo de atentar contra el derecho a la propiedad de quien posee un piso y no lo alquila y en nombre de la solidaridad, es decir, la excusa idónea para atentar contra la libertad- es una muestra de este plano inclinado contra la propiedad privada.
También colabora en la campaña contra este derecho básico la confusión terminológica. Por ejemplo, un diario tan prestigioso como La Gaceta, dedicaba el pasado fin de semana un reportaje a los okupas, es decir, al movimiento gamberril que se dedica a ocupar locales vacíos. Allí se hablaba de derecho de posesión, curiosa traslación semántica a la que convine estar muy atento.
El derecho a la posesión no existe. Puede ser una ambición muy comprensible, pero no un derecho. Lo que existe es el derecho a la propiedad, pero para extenderlo no es posible tomarse la justicia por la propia mano. Porque razonando de forma tan majadera, resultará que el derecho a la propiedad de un inmueble adquirido es inferior al derecho a satisfacer mi deseo de ocuparlo. Personalmente, siento deseos de atracar un banco cada vez que paseo por las calles, pero intento reprimir mis anhelos.
Apéndice: el derecho a la propiedad se opone tanto al socialismo como al capitalismo. Recordemos la decisiva frase de Chesterton: ¿Qué más da que toda las tierras del Condado sean del Estado o que pertenezcan al Duque de Wellington?. La propiedad privada es un derecho básico, y tenemos la obligación de defender ese derecho contra quienes pretenden destruirlo y contra quienes pretenden usurparlo en monopolio. En tal caso, la propiedad no se roba, se distribuye. Chesterton creó la escuela distributista: significaba justamente eso. Y Fritz Schumacher lo tradujo al lenguaje económico en su obra más conocida: Lo pequeño es hermoso que quería decir exactamente lo mismo.
Eulogio López
