La Ley de Propiedad Intelectual (LPI) sorprendió a todos: en lugar de inclinarse ante los grandes editores, agrupados en torno a la sociedad que en su día se llamó Gedeprensa, decidió lo más terrible: contra el parecer de PRISA, Vocento, Unedisa y compañía, resultaba que los derechos de autor de las noticias de prensa eran propiedad… ¡del autor!, es decir, del periodista.
Los grandes editores montaron en cólera e intentaron romper la asociación de clippineros, AESIP, que ya les había ganado la batalla en Competencia. Lo consiguieron. Y así, tanto Sofres como acceso se marcharon de AESIP. Sofres tiene su principal negocio en la medición de audiencias para televisión. Los grandes canales son, mayoritariamente… propiedad de los grandes editores. El líder de acceso es Leopoldo Rodés, consejero de PRISA.
Mientras tanto, AESIP firmaba una acuerdo con la Federación de Asociaciones de la Prensa, por la que pagarían, no al editor, sino al periodista, 4 céntimos por cada artículo reproducido. Los editores se quedaban sin anda. Sofres y Acceso intentaron pactar con los editores, pero no han podido vulnerar el espíritu de la LPI, que estaba bastante claro.
Un comunicado de los disidentes Sofres y Acceso, se muestra partidario de seguir el camino la AESIP, aunque manifiestan, para no herir a los cabreados editores, que están dispuestos a pagar por copia utilizada, pero que no saben a quién. Mientras, la AESIP negocia el porcentaje -los cuatro céntimos se considera poco- con la FAPE para el ejercicio 2008.
Y es que, a la postre, lo que ha quedado claro con el ‘clipping' es que el problema de la propiedad intelectual no está en el cobro de derechos, sino en los gestores de cobro, es decir los intermediarios, las SGAE, que son quienes se llevan la parte del león. Más que cuánto se cobra es quién lo cobra y a través de quién.
