La vicepresidenta preferiría tener un estado laico, pero acepta que la Constitución nos define como estado aconfesional
La vicepresidenta De la Vega sabe muy bien que España es constitucionalmente un estado aconfesional y no laico. "Otra cosa es que a mi me gustara más otra fórmula", reconoce. Pero aceptando lo presente y habida cuenta de que la colaboración con las confesiones religiosas es un mandato constitucional, De la Vega no ve mal que el gobierno financie a los profesores de religión, aunque reconoce que le chirría el hecho de que sean contratados por el Estado previa habilitación por parte de la confesión religiosa.
En todo caso, es lo que dice una reciente sentencia del Tribunal Constitucional –que dice respetar, por supuesto y que asegura haberse estudiado "porque me interesaba mucho"- en la que se afirma lo siguiente:
- El Gobierno está obligado constitucionalmente a cooperar con las confesiones religiosas para facilitar la enseñanza de la religión, entre otros asuntos.
- Las confesiones religiosas tienen derecho a calificar la idoneidad de sus profesores de religión, en una relación donde no existe sólo capacidad, sino confianza.
- Esta libertad de las confesiones religiosas tiene límites y esos límites son los derechos humanos.
- Una vez que el profesor de religión es "habilitado" por la confesión religiosa, su relación laboral con la administración es constitucional y gozará de todos los derechos como cualquier trabajador
A la vicepresidenta le obligaría cortar la argumentación desde el punto uno, pero una vez aceptado, no le termina de encajar el punto 4. En todo caso, señala en privado que si en algún momento la relación se hace imposible, "no te preocupes denunciamos el acuerdo Iglesia-Estado y ya está; no pasa nada". Se lo traduzco: el Gobierno va a mantener los acuerdos Iglesia-Estado mientras la Iglesia no moleste demasiado y se quede contenta con su 0,7% del IRPF. Pero en caso de que genere verdaderos problemas, no tendrán ningún escrúpulo en denunciar dichos acuerdos. Aviso para navegantes.