Hace unos días daba una conferencia en Alicante Pascual Sala, presidente del Tribunal Constitucional, sobre el recurso de amparo y la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.
Lástima que no pude asistir. Me hubiera gustado saber qué dijo, para contrastarlo con lo que hace. Y es que desde mayo de 2007 -en que se reformó la ley-, son los funcionarios del Tribunal que ahora preside los que en un "pós-it" dicen "sí" o "no" a la admisión a trámite del recurso de amparo, y luego los tres magistrados competentes firman en barbecho lo que otros han resuelto.
Eso es vox populi entre los profesionales del Derecho, pero nadie se atreve a denunciarlo. Así ocurrió en mi caso: una resolución estereotipada, inmotivada, cuando el propio Tribunal viene exigiendo desde 1980 que todas las resoluciones deben ser motivadas. Sólo se dice en un formulario ya impreso que el recurso no tiene especial transcendencia constitucional. Que un juez sea inhabilitado por diez años por nombrar un perito, dirigirle preguntas e intentar plantear una cuestión de inconstitucionalidad no tiene relevancia constitucional. Por lo visto, que una persona sea condenada por hechos que no constituyen delito no tiene mayor importancia. Vamos, es como si se condena a un agente de policía por detener a un delincuente...
Así está hoy día la protección de los derechos fundamentales en España: al albur de los Letrados del Tribunal Constitucional, los que inadmiten a trámite la gran mayoría de los recursos de amparo. Así, lógicamente, se está poniendo al día dicho órgano. A costa de incumplir su principal obligación.
Y luego Pascual Sala dice que no renovar el TC es incumplir la Constitución. Yo creo que incumplir la Constitución es condenar a una persona por hechos que no constituyen delito, para los que estaba plenamente facultado por la ley.
Es una pena. Para lo que sirve, más vale que lo suprimieran y crearan una Sala de Garantías Constitucionales en el Tribunal Supremo, a la que se accediera por escalafón.
Fernando Ferrín Calamita
