Por otra parte, el profesor del Derecho Constitucional de la UNED, Carlos Vidal, presentó un informe en el que se demuestra que el anteproyecto Aído no supone un camino de convergencia hacia Europa sino que nos aparta de las consideraciones europeas. En efecto, todos los paìses respetan la objeción de conciencia del personal sanitario. España, si nos fiamos de Caamaño, no. Lo lamento porque un jurista como Caamaño no debería de confundir objeción de conciencia con desbediencia civil.
Por otra parte, sólo dos estados tienen legislaciones que sacan del Código penal el aborto: Suecia y Países Bajos. Y en aquellos países en los que existe ley de plazos, existen unos requerimientos previos que no existen en España. En Alemania por ejemplo, la mujer deberá de consultar con asociaciones que tratan de disuadirle de su decisión. Y el sobre cerrado no es una protección, sino más bien cumplir el expediente, señala Vidal. El resultado final es que España se convierte en el país que menos protege la vida del no nacido entre los países democráticos, algo que en opinión del experto resulta inconstitucional ya que la doctrina del Alto Tribunal establece la obligación de los poderes públicos de proteger al nasciturus como un bien jurídico protegible.
Por último, el presidente de Hazteoir, Ignacio Arsuaga, señaló que la Ley Aído se lanza para proteger a los profesionales del negocio del aborto. La patronal de centros de aborto se reunió con la ministra en el verano de 2008 y poco tiempo después, Aído anunció su intención de reformar la actual legislación; los profesionales pretendían blindarse ante las contingencias judiciales que empezaban a tener y el ingreso en prision de alguno de ellos como Carlos Morín, concluye.
