El Gobierno ha dado orden a la Abogacía del Estado para que emprenda todas las previsiones de la ley en orden a que ninguna organización sucesora de Batasuna pueda burlar la ley y presentarse a las próximas elecciones vascas. El Gobierno toma esta decisión después de contar con un informe contundente de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que evidencian la vinculación y sucesión de D3M y de Askatasuna con las ilegalizadas Batasuna, Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Aukera Gustiak y PCTV. No sólo se ilegalizan las listas sino la misma marca electoral.
El Constitucional, que en su día consideró excesivo ilegalizar la totalidad de ANV, ya no lo considera excesivo. Y el Gobierno igual. ¿Independencia judicial?
La vice trata de vender contundencia en la respuesta. Pero no es verdad. Porque el Gobierno vendió hace semanas que estudiaría todas las posibilidades de la actual legislación para desalojar a ANV de los ayuntamientos y en su caso una reforma legal. ¿Qué hay de aquello? Nada de nada. No hay avances. De la Vega dice que se está trabajando. Pero no hay resultados. Y la propia De la Vega lo vendió como cirugía menor. ¿Estará antes del 1 de marzo? No le puedo contestar porque dependerá del acuerdo y de la tramitación parlamentaria. Bla, bla, bla, porque de lo que se trata es de no enemistar demasiado al nacionalismo ahora que se vende centralidad.
