El Tribunal reparte responsabilidades entre el grupo Marsans y la antigua SEPI de José María Aznar. Mientras, en Buenos Aires el Gobierno Kirchner acusa a la empresa de Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, no sólo de fraude contable, sino de vaciamiento (alzamiento de bienes) de Aerolíneas. La aerolínea de bandera parece abocada a un acuerdo entre los gobiernos de Madrid y Buenos Aires, previa salida del actual equipo gestor. Mientras, la casa Rosada ha pedido a los sindicatos de técnicos (APTA) y de pilotos (APLA) que no vayan a la huelga, pues paralizarían el transporte en el país. Kirchner ha llegado a supeditar las relaciones con España a la solución del caso Aerolíneas.
Como Hispanidad publicó (martes 21), el pasado 13 de Marzo, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a cargo de Julio de Vido un kirchnerista histórico y del entorno íntimo del presidente argentino-, de común acuerdo con el Ministerio de Economía y Producción, titular de las acciones estatales de Aerolíneas Argentinas y conducido por Felisa Miceli -seleccionada personalmente por Kirchner para ocupar tal cargo-, presentaron ante el Juzgado Nº 15 de Buenos Aires una ampliación a la última impugnación judicial referida al balance 2004 de dicha aerolínea, que se llevó a efecto el 29 de diciembre de 2005, ratificando la Reserva Federal del caso, es decir, que puede ser llevado ante la Corte Suprema de Justicia Argentina.
Las nuevas acusaciones judiciales de vaciamiento materializadas por el gobierno de Kirchner coinciden, por otra parte, con las que les que le formulan desde hace tiempo a Marsans, los gremios en conflicto de Pilotos y Técnicos Aeronáuticos.
Hispanidad ha tenido acceso al texto completo de la referida ampliación de impugnación. El texto es de tal magnitud y severidad acusatoria como profuso en su argumentación que hemos decidido que nuestros lectores debían tener conocimiento de su contenido, para lo cual hemos realizado un resumen fidedigno del mismo (ver adjunto). Ante la elocuencia legal del texto, huelgan los comentarios.
Después de tan lapidaria presentación por parte del gobierno de Kirchner contra Marsans por su gestión de Aerolíneas Argentinas, sólo queda preguntarse: el asesor económico de Zapatero, Miguel Sebastián, y el Jefe de Gabinete del gobierno argentino, Alberto Fernández, ¿seguirán negando todos los delitos por los que los Ministerios de Planificación y Economía de Argentina han ampliado sus acusaciones ante la justicia contra los dueños del grupo Marsan? Y otra pregunta: ¿continuarán tratando de mantener a dicho grupo a cualquier costo en el control de Aerolíneas Argentinas y de su vinculada Austral? ¿se dejará convencer Enrique Martínez Robles, actual presidente de la SEPI, por Juan Gurbindo Gutiérrez, uno de los Directores de ese ente estatal y el principal artífice de la venta a Marsans de la aerolínea de bandera argentina, para liberarle al grupo el último tramo de 50 millones de dólares pertenecientes a los 758 millones (asimismo originales) que la SEPI destinó en 2001 para sanear y reactivar Aerolíneas Argentinas y Austral? o, aún más crucial, ¿fallará a su favor el Tribunal Arbitral, donde Marsans le reclama a la SEPI 240 millones de euros más para cancelar supuestas obligaciones contraídas en el acuerdo de privatización? Si es así, el tesoro español deberá seguir desembolsando dinero para Aerolíneas Argentinas, la cual desde Felipe González a José María Aznar, ya recibió de los sufridos contribuyentes españoles cerca de 3.000 millones de dólares.
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas ha remitido ya su informe definitivo al Congreso de los Diputados. El informe del Tribunal ratifica, punto por punto, las tesis de los acreedores, que se sintieron perjudicados por la presunta manipulación del concurso de acreedores. El informe lo resumía en su edición del jueves el diario Expansión y en la mañana del mismo jueves 23, la agencia Europa Press hacía público el siguiente teletipo.
En el entretanto, la tensión es máxima en la Argentina. Un país de tal extensión precisa asegurar sus vuelos de cabotaje. La Casa Rosada ha pedido a los sindicatos de pilotos (APLA) y de técnicos (APTA), ambos unidos en la oposición a la gestión de Marsans, que no convoquen paros, pues se paralizaría el transporte interno en el país. La situación ha llegado a tal extremo que el presidente argentino, Néstor Kirchner supedita las relaciones con España a la solución del caso Aerolíneas.
