El pasado 19 de mayo, la vicepresidenta De la Vega firmó la orden 1575/2006 por la que se crea una comisión interministerial para la elaboración del informe previo a la elaboración de las órdenes ministeriales que se dicten en conformidad con lo establecido en el RD 424/2005 de 15 de abril sobre interceptación legal de las comunicaciones electrónicas. O sea, que De la Vega le pone patas a un entramado institucional-burocrático que tratará de perseguir siempre legalmente, claro- nuestras conversaciones electrónicas, ya sean por fijo, móvil o por internet.
Desconocemos cuál es el encaje de estas normativas en el principio constitucionalmente reconocido de la privacidad de las comunicaciones. Porque para saltarse tal derecho, es necesaria la autorización judicial. ¿Por qué entonces la aprobación de una comisión interministerial que elabore las ordenes que desarrollen esa interceptación? ¿Estamos ante un Estado controlador?
