Durante la mañana del lunes, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha presentado las modificaciones de la ley de Seguridad Vial, que convierte la conducción en un nuevo impuesto.
Aumentan las penas, aumenta la velocidad en el cobro de las multas. Desde el Gobierno aseguran que sólo los morosos tienen que preocuparse. Sin embargo, los ayuntamientos y la DGT tramitan sus multas a través de Hacienda y la Seguridad Social, es decir las dos únicos instituciones que pueden embargar las cuentas corrientes de los ciudadanos. En definitiva, no hay morosidad, sino un pronto-pago forzado.
Aumentan las multas (6.000 euros de multa por un inhibidor de radares), más supresión de los puntos para perder el carné y, en resumen, resultará una ley muy difícil de cumplir pero que nos resultará extraordinariamente cara.
Claro que debemos estar agradecidos, lo hacen por nuestra seguridad.
Miriam Prat
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