Rafael Pérez Escolar, ex consejero de Banesto, en ese pulso que mantiene con Emilio Botín sobre esta entidad bancaria, tiene ahora la posibilidad de reabrir el caso Banesto. Y ha sido el propio Gobierno Aznar quien le ha facilitado las cosas. En efecto, en una de las últimas decisiones del periodo Aznar, el pasado 26 de diciembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la Ley Orgánica 19/2003 por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y esa ley establece, entre otras cosas, la Segunda Instancia Penal en todos los casos judiciales.
La Segunda Instancia es un compromiso del Gobierno español, la que le obliga la firma del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), horrible denominación y más horribles siglas, por lo que es conocido como el Pacto de Nueva York. Y sucede que el caso Banesto no fue juzgado en doble instancia. Por el contrario, decidió la Audiencia Nacional y luego el Tribunal Supremo, tras un recurso de casación, que todavía endureció más la pena de Mario Conde.
Ahora bien, no hubo segunda instancia. Es más, con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Gobierno está reconociendo que incumple el Pacto de Nueva York sobre doble instancia (es más, existen tres precedentes jurídicos y en todos ellos el Gobierno ha salido malparado).
En el fondo, algo similar le ocurrió al adversario de Pérez Escolar, Emilio Botín, quien aprovechó la norma emitida por el Ejecutivo sobre pactos para-sociales entre socios, para refutar su propio pacto con los franceses de Total en la petrolera Cepsa... y todavía estamos en ello.
En cualquier caso, el Estado español no podía recibir más reprimendas de Naciones Unidas, garante de este tratado internacional, y ha tenido que rectificar: a partir de ahora, la doble instancia, el derecho a ser juzgado dos veces por dos tribunales diferentes, no podrá obviarse con subterfugios como el recurso de casación, que no representa una nueva vista sino la modificación de sentencia según el mismo sumario. A fin de cuentas, la limitación de la prueba es la clave de la casación.
Dicho de otra forma, habría que revisar, desde el principio, todo el caso Banesto, el mayor escándalo financiero de la época de los noventa y la mayor, junto a Rumasa, intervención pública del periodo socialista. Y hasta Botín podría quedarse sin Banesto. Casi nada.
Y el órgano encargado de hacerlo sería la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, aún no constituida pero a quien la modificación legal de diciembre obliga a entender de estos asuntos.
Lo más sorprendente es cómo las grandes familias de Banesto y el equipo del intervenido Mario Conde, así como, sobre todo, el propio Mario Conde, han tirado la toalla. Sólo Pérez Escolar continúa su pugna jurídica contra Botín y contra el Estado en solitario. El resto continúa proclamando su inocencia, pero no están dispuestos a mantener la lucha jurídica.
Porque a todo esto: ¿había razones para intervenir Banesto en 1993? Sí, las había. ¿Fueron esas razones las que llevaron a la intervención? No, o al menos no las únicas. Conde era visto por Felipe González como un contrapoder y la propia persona de Conde como un posible opositor político tremendamente popular entre los españoles.
Por otra parte, el llamado agujero de Banesto no era ni mucho menos de 3.600 millones de euros. Muchos de los créditos presuntamente fallidos que componían ese agujero fueron primero pagados por el Fondo de Garantía de Depósitos y luego recuperados por el equipo que reflotó Banesto, encabezado por Alfredo Sáenz. Por tanto, el gran ganador, quien se llevó el gato al agua, fue el comprador, Emilio Botín, quien, con ello y con la fusión con el Central Hispano de José María Amusátegui, consiguió convertirse en el primer banquero de España.
Al final, va a resultar que los grandes juicios sólo terminan cuando los interesados se jubilan o mueren.
