El Gobierno planea legalizar la clonación terapéutica a través de la ley de biomedicina prevista para el próximo mes de noviembre. No tiene prisa para ampliar el aborto, pero sí para permitir la mal llamada clonación terapéutica, actualmente tipificada en el artículo 160 del Código Penal y castigado con penas de 6 a 10 años. El Ejecutivo se saltará todos los convenios internacionales a los que está vinculado. El perdedor será Rafael Matesanz. Roma no paga traidores. ¿El protagonista del nuevo capítulo destroza-embriones? El director del Instituto de Salud Carlos III, Francisco Gracia. ¿El chaquetero mayor del reino? Marcelo Palacios, presidente de la Sociedad Internacional de Bioética, que firmó el Convenio de Oviedo y ahora apuesta por las bondades de la clonación terapéutica. Que paren el tren, que yo me bajo.

 

La noticia de la autorización británica a la clonación de embriones humanos a los científicos de la Universidad de Newcastle ha revolucionado el patio hispánico. Los "progres" de salón han aplaudido con las orejas porque los británicos -que hace años quemaron a sus embriones sobrantes- ahora dan este paso más hacia la desintegración moral. Es como el chiste:

 

-Hay un pueblo que blasfema más que nosotros.

 

-¡Rediez, debemos ser los primeros!

 

Dicho y hecho. El Ministerio se dispone a llevar la iniciativa legislativa, siempre que se genere un amplio consenso científico y ético tras un sosegado debate social. Esperamos contribuir humildemente a ese "sosegado" debate social. Aunque la contribución deberá de tener urgencia, porque el Gobierno pretende regular la clonación terapéutica en la ley de medicina, cuyo borrador está previsto, como ya hemos indicado antes, para el mes de noviembre. Y es que los siete expertos reunidos hace tres semanas por el director del Instituto Carlos III, Francisco Gracia, trabajan a destajo y de manera unánime en la carrera por el retroceso moral.

 

¿Y quiénes son estos siete magníficos que aplauden con entusiasmo la utilización de unas vidas humanas para mejorar la calidad de otras? Veamos. El primero es el ex diputado socialista Marcelo Palacios, presidente de la Sociedad Internacional de Bioética, redactor de la primitiva Ley de Reproducción Asistida de 1988 y firmante de la Declaración de Gijón (2000), en la que se afirmaba que "la utilización de células troncales con fines terapéuticos debe permitirse siempre que la obtención de esas células no implique la destrucción de embriones". ¡Toma cambio de chaqueta! Cerca del poder se está más caliente. ¿No? Por cierto, que la Declaración de Gijón también fue firmada por la científica Margarita Salas y por el archiconocido Santiago Dexeus, ninguno de ellos sospechosos de "carcas".

 

Sigamos con los siete de la fama. Como no podía ser menos, no faltaba el gran Bernat Soria, ese científico con carné del PSC que acudió al último Congreso de los socialistas catalanes entre aclamaciones de héroe. Una "vedette" en opinión de sus compañeros científicos, que gusta de aparecer en los medios y que se ha convertido en el estandarte de los científicos sin escrúpulos que han tomado el asalto a los presupuestos públicos. Y detrás de Soria, quien mueve sus hilos, Rafael Matesanz, abogado del delito de la clonación junto a Bernat Soria, que, sin embargo, ha preferido mantener un perfil bajo para salvarse de la quema. No ha sido posible. El PP le premió con ampliar las competencias de la Organización Nacional de Transplantes con la medicina regenerativa. Los populares se lo dieron y los socialistas se lo quitaron. Las competencias de medicina regenerativa (investigación con embriones humanos y clonación terapéutica) quedará en manos del Instituto Carlos III de Gracia, el gran vencedor de la brecha abierta por Soria. Roma no paga traidores, señor Matesanz. Dedíquese al transplante de riñón, que es lo suyo y seguramente aportará más valor. Sobre todo a los enfermos.

 

Completan la lista Javier García Sancho, impulsor de la Red de Terapia Celular de Valladolid, un lugar que se había caracterizado por los éxitos con células madre adultas y que ahora ha caído también en la tentación de jugar a ser dioses. También forman del "distinguido" equipo moral, Carlos Simón, director de Investigación del Instituto Valenciano de Infertilidad, que cometió la irregularidad de generar células madre embrionarias sin informar a Matesanz y que clamaba por enchufarse al presupuesto. Ahora el lloro ha cesado. Sí, lo han adivinado, el Gobierno se ha comprometido a poner otros 9 millones de euros encima de la mesa valenciana para que también los mediterráneos puedan trocear diminutas vidas humanas.

 

También está en el grupo de "expertos", Jordi Camí, impulsor del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona, que dirigirá Juan Carlos Izpisúa, el experimentador de pollos. También con nueve millones de euros. Completa la lista Javier Rey, secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, que preside César Nombela. Rey se ha mostrado partidario de la clonación terapéutica, aunque Nombela mostraba recientemente sus dudas éticas al respecto. Nombela ha convocado al Comité a una reunión para el mes de octubre, pero el Gobierno ya ha advertido que la clonación terapéutica queda fuera de sus competencias. O sea, don César, que su estrategia de nadar y guardar la ropa, no ha sido especialmente exitosa y el Ejecutivo ZP ha optado por dejarle al margen. Ya saben, "el que se mueva, no sale en la foto".

 

Desde la plataforma científica hayalternativas.com se recuerda que la clonación humana está explícitamente prohibida en la ley de Reproducción Humana Asistida (Ley 35/1988), la Declaración Universal sobre el Genoma y Derechos Humanos de la UNESCO (1997), la Resolución de la Asociación Médica Mundial sobre la Clonación (1997) y el Protocolo adicional al Convenio Europeo sobre los derechos humanos y la biomedicina del Consejo de Europa (1998). Hoy mismo, viernes 13, el Colegio Federal de Médicos de Alemania urgió la aprobación de un tratado internacional vinculante para la protección de embriones.

 

Para su portavoz, la doctora Gádor Joya, la creación de "bebés medicamento" resulta "reprobable", ya que se trata de utilizar a un ser para curar a otro. "La dignidad del ser humano hace que no se pueda comercializar con éste o utilizarlo como cobaya de laboratorio, ni en su etapa embrionaria ni a lo largo de su vida extrauterina", concluye la doctora Joya.

 

Luis Losada Pescador