Los presidentes de Castilla la Mancha, Andalucía y Extremadura, se reunieron al poco de anunciarse la tregua de 1998 para reafirmar su lealtad a la Constitución Española y exigir que la eventual paz no tuviera contraprestaciones. Lean la declaración de Mérida íntegra publicada por El País el 6 de octubre de 1998:
Reunidos los presidentes de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, afirman su lealtad a la Constitución Española y a los Estatutos de Autonomía en el vigésimo aniversario de la primera.
En nuestra opinión, la Constitución ha servido para hacer de España un país más moderno y más justo, y un modelo de convivencia entre los españoles sólo enturbiado por el terrorismo de ETA. Con este marco hemos progresado como personas y como pueblos. Asimismo, hemos sido capaces de combinar el desarrollo de territorios como Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, secularmente abandonados, con la satisfacción de los legítimos deseos de los diferentes pueblos de España de conservar sus lenguas, culturas, derechos y sus particulares instituciones.
No estamos dispuestos a que nuestro silencio nos haga cómplices de procesos que marginen a nuestros territorios. Como presidentes de tres comunidades autónomas vamos a defender los intereses que representamos, que no son diferentes de los de España.
Con la inmensa mayoría de los españoles, y en representación de nuestros pueblos, nos congratulamos de la oferta de ETA, en forma de tregua indefinida en sus actividades criminales. Vemos la novedad del carácter indefinido de la tregua como un alivio y una esperanza, ante la cual los demócratas debemos reaccionar con serenidad, con firmeza y con unidad, afirmando nuestra permanente voluntad de una paz definitiva, de un cese total e incondicional de una violencia injustificable.
Apoyamos con firmeza al Gobierno de España para que dirija el proceso que conduce a la paz. Pero con la misma firmeza creemos que nada más puede negociarse al respecto; que la paz es una exigencia legítima de todos los ciudadanos que no deben suponer contrapartidas políticas. Por eso, no aceptamos la idea de conceder ventaja política alguna porque sería la peor amenaza para la convivencia. Legitimar la violencia en democracia nos depararía un futuro incierto ante nuevos brotes de actividad violenta. En consecuencia, exigimos de los demócratas, de derecha o de izquierda, nacionalistas o no, respeto a las reglas de juego que nos hemos dado, incluso para cambiarlas en el caso de que algunos deseen hacerlo.
La confusa declaración de separar las reivindicaciones políticas de algunos partidos nacionalistas de las conversaciones para el cese definitivo de la violencia terrorista debe convertirse en una firme posición, propia de cualquier demócrata que no puede aparecer ante la opinión pública mezclando sus aspiraciones con las de los que practican el terror. La Constitución misma, con su vocación incluyente y no excluyente, admite todas las posiciones que se expresen pacíficamente, comprendidas aquellas que contradigan su contenido; por eso nada explica la violencia cuando las aspiraciones pueden expresarse en paz.
Hoy, cuando se empezaba a superar el nacionalismo español de carácter excluyente, vemos con preocupación las posiciones nacionalistas que cuestionan la cohesión garantizada en la Constitución y niegan la soberanía de los españoles en su conjunto.
Como representantes autonómicos de más de diez millones de españoles, defendemos la cohesión social y la solidaridad territorial. La paz no es sólo el silencio de las armas; la paz es también la paz social, el equilibrio entre sus territorios y la garantía de igualdad de los derechos y oportunidades en cuestiones básicas (educación, bienestar social, etc.) para mantener así la cohesión entre los españoles, vivan donde vivan.
Dentro de la unidad política de España, en la que nuestra Constitución reconoce los hechos diferenciales, los sistemas particulares de financiación y las diferentes vías de acceso al autogobierno, no existe un derecho natural, ni previo ni posterior a la Constitución, que pueda ser invocado para justificar privilegios entre los territorios o desigualdad entre los españoles. En este sentido, todas las comunidades autónomas tienen el derecho a los niveles de autogobierno y competencias a que aspiren dentro de lo que la Constitución admite.
Estamos organizados políticamente como pueblos, y no sólo tenemos derecho a pronunciarnos como comunidades autónomas sobre la estructura de Estado, de todo el Estado, sino que tenemos el deber de hacerlo. Para poder reflexionar en conjunto, los presidentes de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura pedimos la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado y la comparecencia del presidente del Gobierno de España para debatir sobre estos importantes asuntos.
