La imagen de la Argentina siempre resulta simpática para los españoles, pero, si acaso, ahora lo resulta más para otra mucha gente. El Gobierno Kirchner libra un duelo contra todo el Sistema Financiero Internacional, que no está formado ni por el FMI (sólo es su portavoz) ni por los Gobiernos o miembros del G-7 (reunidos el pasado fin de semana en Boca Ratón, Florida), que son sus representantes, sino por bancos privados, sociedades de valores y gestores de fondos de inversión y fondos de pensiones, asimismo privados.
La verdad es que cuando se trata de dinero, los poderosos del mundo hablan un lenguaje que sorprendería al hombre de la calle: se les entiende todo. En este caso, el gran problema al que se enfrentaban los responsables de la economía de los siete países más industrializados de Occidente (más la Unión Europea) era muy simple: Cómo conseguir que el Gobierno Kirchner se apee de la burra y acepte pagar el importe de su bonos, dado que los argentinos exigen a todos los tenedores de bonos una quita del 75%, nada menos, de la deuda reconocida.
Por lo general, suele aducirse que los morosos públicos llevan en el pecado la propia penitencia, dado que los inversores no están dispuestos a comprar a un moroso. De esta forma, la deuda pública argentina estaría condenada al fracaso. Sin embargo, los argentinos han sabido negociar adecuadamente con el FMI y han conseguido una renovación parcial de su deuda con el FMI y mantiene que no pagarán más de un 25% de sus compromisos públicos.
Y como el Sistema Financiero Internacional no puede permitir tal desafío, y dado que el G-7, el instrumento habitual para doblarle el pulso a los menesterosos, no consigue salirse con la suya, pues han acudido a los tribunales.
Esto representa una novedad absoluta en el panorama financiero. A instancias de un acreedor, un juez norteamericano ha embargado dos barracones de la marina y dos de la Fuerza Aérea argentina, hasta que se llegue a un acuerdo.
Un asunto testimonial, porque tampoco hay tantas propiedades del Gobierno argentino que se puedan embargar, pero absolutamente novedoso.
¿Y quién tiene la razón? Pues ninguna de las dos partes. El Gobierno argentino, porque las deudas hay que pagarlas, amén de que la morosidad afectará a particulares a través de la figura de los fondos. El Sistema Financiero Internacional, porque está lleno de especuladores que absorben el ahorro mundial y lo invierten en el tercer mundo, aprovechando que los países pobres se ven obligados a ofrecer altas tasas de rentabilidad por colocar su deuda pública.
Pero el combate se promete apasionante.