El Gobierno ha anunciado este viernes su intención de que AENA adelante 250 euros por cancelación de billete y 180 por extravío o daño de equipaje a los afectados por la huelga salvaje del aeropuerto barcelonés de El Prat de este verano. De la Vega justifica esta decisión en la excepcionalidad de los hechos y señala como anclaje jurídico el derecho comunitario y el convenio de Montreal. Por supuesto, como piensan que el verdadero responsable del caos es Iberia, dirigirá sus dardos contra la aerolínea, permitiendo que los afectados puedan ceder su derecho de queja en AENA.
De la Vega no considera que esta decisión vaya a generar un peligroso antecedente y explica que el gobierno ha actuado con criterio de servicio público solucionando un problema puntual que hay afectado a miles de españoles. ¿No cabría aplicar esta misma filosofía a los afectados por la presunta estafa filatélica de Afinsa y Forum Filatélico? ¿Por qué el gobierno no plantea una actuación coherente y aplica esta excepcionalidad con carácter universal a todos los afectados por los sellos?
En todo caso, la vicepresidenta ha querido dejar claro que los disturbios de El Prat no tienen nada que ver con el dialogo que mantiene con la Generalitat sobre la gestión del aeropuerto.
